formación para parados

La Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía ha decidido incoar diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia presentada por la Federación Andaluza de Empresas de Formación (Cecap-A) acerca del uso de fondos públicos en la Comunidad que debían ir destinados a formación para el empleo, fondos cifrados por esta organización en unos 848,9 millones de euros.

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Escándalo en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de la región presentó un plan por el cual los ayuntamientos podrían demandar a personas desempleadas que cobren prestación para realizar obras y servicios por un plus económico más. La medida ha sido criticada por la oposición porque no contempla retribuciones específicas, así como por los sindicatos, que estudian su legalidad. ¿Estamos ante un caso de mano de obra barata o de estimulación del parado para realizar labores necesarias y dignas para todos?

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha planteado a las comunidades autónomas la posibilidad de firmar convenios con el Gobierno para que los parados que no estén recibiendo cursos de formación puedan realizar servicios sociales, según ha anunciado la secretaria de Estado de Empleo y Seguridad Social, Engracia Hidalgo.