La aprobación de la nueva Carta supone el primer paso en la
“refundación nacional” del país proyectada por el presidente de Bolivia. Toda la oposición y los gobernadores de varias regiones calificaron la votación de “atropello a la legalidad”.
La oposición, que rechaza la legitimidad de la Asamblea para aprobar la Constitución sólo por mayoría, en lugar de los dos tercios estipulados, se lanzó a manifestarse nada más saber que se estaba votando el índice. Momentos más tarde, moría de un tiro en la misma Plaza de Armas de Sucre el abogado Gonzalo Durán, de 29 años. Miles de opositores tomaron entonces las calles, sobre todo estudiantes, que atacaron comisarías y cuarteles de bomberos, llegando a incendiar coches patrulla y camiones. Otro manifestante murió en los enfrentamientos. El jefe de la policía, Miguel Vásquez, ordenó a sus hombres a abandonar las calles tras conocer que uno de ellos había sido linchado por los manifestantes.
La nueva constitución consagra al denominado “poder social” como un mecanismo de control político que estará integrado por representantes de los movimientos sociales, proclama la redistribución de la riqueza y el “pluralismo jurídico”, lo que en la práctica significa que equipara los métodos de justicia indígenas a los de corte occidental. El texto se fundamenta en los derechos colectivos de identidad cultural, autodeterminación, autogobierno y autogestión.
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