El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz, ubicado en Toledo, ha iniciado diligencias previas para esclarecer un caso de hurto de cobre en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía.
Este incidente, ocurrido el pasado domingo, provocó importantes alteraciones en el servicio ferroviario, afectando a más de 10.000 pasajeros debido a retrasos y cancelaciones.
Sin embargo, el Gobierno, en concreto el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, no considera que el episodio sea de un simple robo, sino de un sabotaje para dañar la imagen de los servicios públicos.
El tribunal ha abierto el procedimiento tras recibir el atestado elaborado por la Guardia Civil, investigando la presunta comisión de un "delito de robo con fuerza en las cosas".
Este tipo penal se ajusta al modus operandi detectado en el suceso, que incluye daños deliberados en infraestructuras clave.
Alteraciones en el servicio
Durante la noche del 4 de mayo, un total de 21 trenes pertenecientes a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla sufrieron paralizaciones o retrasos significativos. Cerca de 10.700 viajeros se vieron impactados por el robo de cables en cinco puntos distintos distribuidos entre los términos municipales de Los Yébenes (kilómetros 92/850 y 93/600) y Manzaneque (kilómetros 101/400 y 102/200). Estos actos dañaron las instalaciones de señalización de la vía, obligando a reducir drásticamente la velocidad de circulación.
Además, un segundo contratiempo complicó aún más la situación. Un tren experimentó un "enganchón" con la catenaria -la estructura que suministra electricidad al convoy-, lo que generó una interrupción adicional en la circulación. El equipo técnico del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) logró solventar esta avería durante la jornada del lunes. La incidencia tuvo lugar en el tramo comprendido entre Yeles y La Sagra, también en la provincia de Toledo.
Declaraciones oficiales sobre el caso
El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó inicialmente el suceso como un "acto grave de sabotaje". Durante las primeras horas del lunes, insistió en la posibilidad de que se tratara de un acto "deliberado", destacando que ocurrió en un tramo "crucial" para la movilidad durante la vuelta del Puente de Mayo. Según fuentes gubernamentales, el material robado tiene un valor económico mínimo, pero su extracción causó un impacto desproporcionado en la operatividad de la línea.
Sin embargo, el martes, Puente matizó sus declaraciones y optó por referirse al incidente como un "acto vandálico".
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, subrayó que no se descarta "ninguna hipótesis" y añadió: "Había una clara voluntad de hacer daño".
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