Los primeros pasos ciudadanos de la Presidencia Española de la UE

La Presidencia Española de la UE empieza ya a dar sus frutos en cuestiones que interesan directamente a los ciudadanos. Así lo ha puesto de manifiesto la reunión celebrada en La Granja por los Ministros para Europa de los 27, convocada por el Secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido.

Si algo caracteriza al Tratado de Lisboa -heredero directo de la Constitución elaborada por la Convención- es su carácter ciudadano, tanto por su empeño en facilitar la toma de decisiones -eficacia- como en hacerlo de forma parlamentaria y transparente -democracia- en cuestiones que afectan la vida cotidiana de la gente.

Es precisamente así como la Unión conseguirá abrir una nueva etapa en la que la distancia que la separa de la opinión pública se acorte sustancial y progresivamente, desde luego. Pero no sólo.

Otra medida imprescindible para conseguirlo es poner en marcha cuantos mecanismos de promoción y ejercicio de derechos y de democracia participativa sea posible. De nuevo la Constitución Europea ha dejado su impronta en el Tratado de Lisboa.

Por ejemplo, en 3 cuestiones esenciales: el carácter vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el mandato para que la Unión como tal -contando ya con personalidad jurídica propia y única, tema del que fui en su día ponente del Parlamento de Estrasburgo- suscriba el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa y, finalmente, la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE).

Toca a la Presidencia Española impulsar la regulación del ejercicio de la ICE, una vez que la Comisión Europea ha lanzado un libro verde a tal efecto, habida cuenta de que el Ejecutivo comunitario deberá en su día efectuar una propuesta de reglamento que será decidido por el Consejo y el Parlamento Europeo por procedimiento legislativo ordinario -es decir, a medias, para entendernos-.

El objetivo es garantizar que la ICE -un complemento, que no un sustituto del acto fundamental de la democracia europea que es, como en toda democracia, el voto (sea para elegir el Parlamento Europeo o los parlamentos nacionales de los que saldrán los gobiernos que formarán el Consejo)- sea accesible para los ciudadanos y, a la vez, sólida en su ejercicio.

Para ello, hay bastante consenso entre los estados miembros de la UE –como se ha puesto de manifiesto en La Granja- en que el número de países del que debería proceder el millón de firmas necesarios para activar la ICV proceda de al menos 1/3 de los socios comunitarios (hoy, 9), que de cada país con personas que la suscriban se consigan al menos firmas de un 0,2 % de sus ciudadanos y que la edad mínima para participar sea la que en cada lugar se fije para votar en las elecciones a la Eurocámara. Todo ello acompañado de dos cuestiones muy claras: contar con mecanismos eficaces de verificación de la autenticidad de las firmas y, desde luego, que, como dice el Tratado en su artículo 11.4, las ICV versen sobre competencias de la UE y poderes de la Comisión, quedando excluidas -quizás a través de un control con anterioridad- todas aquellas que vayan contra los valores fundamentales de la Unión.