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La reforma de la ley electoral, la gran asignatura pendiente

La reforma de la ley electoral, la gran asignatura pendiente

martes 23 de marzo de 2010, 12:05h
Una subcomisión creada al inicio de esta legislatura dentro de la Comisión Constitucional del Congreso,  está estudiando la reforma de la Ley Electoral. Los grupos minoritarios, entre otros IU e UPyD,  aseguran que tal y como está  ahora redactada, la ley favorece a los grandes partidos y a las formaciones nacionalistas, alimenta el bipartidismo y penaliza a los partidos pequeños que deben doblar el número de votos para lograr escaños en algunas provincias. El PSOE y el PP se muestran reacios a introducir cambios y creen que en tal caso, debe hacerse por consenso, a sabiendas de que es algo prácticamente imposible.
En pocas cosas coinciden la dirigente de UPyD, Rosa Díez, y el diputado y portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares. Pero en lo que sí han unido sus fuerzas es en la lucha contra el bipartidismo que cada vez acecha más a nuestra democracia por culpa, dicen, de la injusta proporcionalidad del sistema electoral que rige en España.
 
Y es que tanto IU como la ex diputada del PSOE quieren que la reforma, además de otros asuntos,  también importantes pero de los que luego hablaremos, aborde un profundo cambio del sistema electoral que incluya, entre otras cosas, un aumento del número de diputados -ahora hay 350 para el Congreso -; una modificación de la Ley d’Hont que elimine el porcentaje mínimo por provincia para lograr un escaño,  además de la creación de una circunscripción de carácter nacional para fijar un fondo de ‘restos’, es decir, de votos que quedan sin computar porque no logran superar el porcentaje exigido para sumar otro escaño.
 


Pero todos los intentos realizados hasta ahora para que se lleven a cabo estos cambios han sido infructuosos. Socialistas y populares se escudan en que una reforma tan ambiciosa, que además entrañaría en algunos aspectos ciertos cambios constitucionales, sólo se puede aprobar si hay un absoluto consenso entre todos los grupos parlamentarios. Y los partidos nacionalistas – CiU y PNV, principalmente- se niegan a que se varíen unas reglas de juego que les favorecen y que en las elecciones generales, fundamentalmente, les supone una abultada representación en ambas Cámaras casi con la mitad de los votos que cualquier otra  formación que se presenta en toda España.
 
La semana pasada, sin llegar más lejos, PSOE, PP, CiU y PNV unieron sus votos para bloquear que en la citada subcomisión se avanzara en las reformas que sugería el Consejo de Estado encaminadas a mejorar la proporcionalidad del sistema que demandan los minoritarios. Los nacionalistas, lógicamente, defienden sus privilegios. Lo curioso es que también dentro del PP y del PSOE hay un sector de diputados a los les parece “injusto” e incluso “peligroso” convertir a los ‘periféricos’ en ‘arbitros’ para la formación de gobiernos.  
 

“Portazo a la reforma electoral”

Ante la cerrazón demostrada, el enfado de Gaspar Llamazares no se hizo esperar. El portavoz de IU consideró que la postura del PSOE y del PP era dar “un portazo” en toda la regla a la reforma y a los trabajos de la propia subcomisión en donde se avanza por otros derroteros, como el formato de las papeletas del Senado, la ampliación del voto de los inmigrantes suscribiendo convenios con otros países, o la reforma del voto del CERA (residentes españoles en el extranjero) para garantizar una mayor transparencia.
 


En lo demás, socialistas y populares hacen ‘piña’ y alegan motivos de austeridad para negarse, por ejemplo,  a que aumente el número de diputados del Congreso y de respeto al sistema proporcional para rechazar el resto de propuestas.
 
En IU no dan la batalla por perdida  y seguirán intentado que  se modifique esta “injusta realidad” que propicia que “la tercera fuerza política del país tenga dos diputados con casi un millón de votos”. La coalición que lidera Cayo Lara denuncia asimismo que “de mantenerse el actual sistema se verá mucho más afectado el elemental fundamento democrático consistente en que el voto de todas las personas tenga el mismo valor. No pueden seguir siendo admisibles las actuales distorsiones en la representación que rompen el principio básico de una persona un voto” mientras exigen proporcionalidad entre los votos recibidos por los partidos políticos y los escaños obtenidos por los mismos.
 

UPyD también cree urgente la reforma

La formación de Rosa Díez UPyD, partido que aspira a crecer en las próximas elecciones generales y a alcanzar representación en varios parlamentos autonómicos en los comicios que se celebran el año que viene, también se suma a estas demandas. Diez, sin embargo, ha visto rechazadas todas las iniciativas parlamentarias que ha presentado en el Congreso en los últimos meses.
 
El eurodiputado de este partido, Francisco Sosa Wagner opina  que es necesario impulsar una reforma del sistema ya que a su juicio “es un error” no hacerlo porque “estamos resecando el sistema democrático español, convirtiéndolo en un sistema bipartidista”. En este sentido, recuerda que la República Federal Alemana “tenía dos partidos y hoy son cinco partidos presentes gracias a un sistema electoral que sabe captar y llevar al parlamento las opiniones de los ciudadanos”.
 

El PSOE se defiende

La diputada del PSOE, Elvira Aranda, vocal de la subcomisión para  la reforma del sistema electoral, se defiende de estas críticas y asegura que “si se analiza el funcionamiento del sistema, uno se da cuenta de que en términos generales ha generado estabilidad y alternancia, cuestiones claves en un sistema democrático”.

Un ‘detalle’ que resalta el diputado socialista por Madrid es que IU hable ahora de “injusticia” cuando en otros momentos, con el mismo sistema, la ahora coalición de izquierdas ha logrado una amplia representación en el Congreso, como ocurrió en las primeras elecciones en las que, primero el PCE y luego la propia ‘marca’ IU, llegaron a superar la veintena de escaños.”No pueden, por tanto, echar ahora la culpa al sistema”, asegura Aranda.
 


¿Sistema obsoleto?

Lo cierto es que el primer sistema electoral que entró en vigor en España se aprobó por decreto pensando en las primeras elecciones democráticas celebradas en 1977, con la idea de reformarlo en el futuro. La aprobación un año después de la Constitución española, en 1978,  dio un espaldarazo a algunos aspectos del sistema, como la regulación del número de escaños del Congreso, la circunscripción electoral provincial y los criterios de representación proporcional; y para el Senado la elección de cuatro senadores por cada provincia.
 
Pese a todo, años después, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) de 1985 plasmó prácticamente integro el mismo sistema, con sus virtudes y sus  defectos, dejando  el mismo número total de diputados, el mínimo inicial de votos para cada circunscripción, el método d'Hont como fórmula proporcional, las listas cerradas y bloqueadas para el Congreso y la elección de los senadores por lista abierta.
 
Las tímidas reformas posteriores emprendidas tanto en 1991 como en el 92, 94 y 95, tampoco han modificado en su esencia el sistema electoral.
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