Los barones socialistas dan el 'sí quiero' al bloque de reformas de ZP

La reunión comenzó con un almuerzo y siguió con la presencia de los tres vicepresidentes del Gobierno y del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, encargado de exponer un informe sobre el punto esencial del orden del día, la reforma de las políticas activas de empleo.

Después de la reunion, el secretario de Organización, Marcelino Iglesias, dio por iniciado el "primer capítulo" de una serie de reformas que seguirá impulsando el Gobierno, y el coordinador del Consejo Territorial, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, subrayó la "potencia política" que esta reunión imprime al partido.

El objetivo es gastar "mejor"

El objetivo es reformar esas políticas para no gastar "más ni menos" pero gastar "mejor" y que los 8.000 millones de euros que el Estado gasta en ellas, directamente o a través de las comuniades autónomas, sea más eficaz en su labor de facilitar el acceso de los parados al mercado laboral. Dado que el Estado tiene las competencias normativas y las comunidades autónomas deben gestionarlas, el Gobierno considera fundamental la perfecta coordinación entre uno y otras, y por eso ha trazado un calendario en el que el primer paso era someter el objetivo a sus propios dirigentes territoriales.

Después lo someterá al diálogo con los agentes sociales y, paralelamente, con las demás comunidades autónomas gobernadas por otros partidos, que se plasmaría en una conferencia sectorial. Finalmente se aprobaría un decreto ley con lo acordado.

El PSOE considera "urgente e inaplazable" esa reforma, a pesar de lo cual no ha puesto límite de tiempo a la negociación, por entender que deben darse el que sea necesario para hablar "con todos los que tenemos que hacerlo", decía Barreda.

Atención individualizada a los parados

Reformar las políticas de empleo exigirá un esfuerzo de diálogo y de búsqueda de consenso y se verá, advertía Barreda, "la responsailidad de unos y de otros, quienes están verdaderamente preocupados por el interés general y quieren contribuir a la gobernabilidad siendo eficaces, y quienes están por otra cosa". El objetivo último es coordinar mejor el diseño de las medidas concretas por parte del Estado con su ejecución por parte de las comunidades autónomas, y que la atención a los desempleados sea "más individualizada".

No tiene sentido, explicaba Barreda, que el 40% de esos 8.000 millones se siga destinando a cursos de cualificación de oficios relacionados con la construcción, y es necesario reorientar esos recursos hacia los nuevos yacimientos de empleo, como la sanidad y los servicios sociales, el medio ambiente y las energías renovables, o todo lo relacionado con las nuevas tecnologías.