El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por Airbnb para suspender el pago de la multa de 64 millones de euros impuesta por el Gobierno.
La sanción fue tramitada originalmente en diciembre de 2025 por el Ministerio de Consumo tras detectar infracciones masivas en la plataforma.
La investigación de Consumo identificó irregularidades en un total de 65.122 anuncios, los cuales fueron retirados de la plataforma en julio de 2025. El Ministerio acusó a la compañía de realizar prácticas comerciales desleales al publicitar alojamientos turísticos que carecían de la licencia obligatoria exigida por las normativas autonómicas.
Tras el rechazo de las cautelares por parte del TSJM, la plataforma aún dispone de la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal.
📢 La Justicia obliga a Airbnb a pagar una multa de 64 millones de euros impuesta por @consumogob.bsky.social
➡️ La sanción se debe a anuncios de viviendas turísticas sin licencia o con información engañosa
ℹ️ Más información: https://f.mtr.cool/dfupawzgdm
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— Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y A2030 (@msocialgob.bsky.social) 23 de marzo de 2026, 8:29
Publicidad engañosa y licencias inexistentes
El expediente sancionador detalla que Airbnb permitió la publicación de miles de anuncios con números de registro falsos o que no se correspondían con la numeración oficial de los registros autonómicos.
Además, el Ministerio detectó que la plataforma omitía información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que inducía a error a los usuarios sobre si estaban contratando con un particular o con una empresa profesional de gestión turística. Por estos motivos, se calificó la infracción como grave.
La multa principal, que asciende exactamente a 63.980.311 euros, se calculó en función del beneficio considerado "ilícito" por parte de la administración. La cifra equivale a 6 veces las ganancias obtenidas por Airbnb gracias a estas prácticas fraudulentas.
El Ministerio sostiene que la compañía no solo se benefició de la falta de control, sino que generó una competencia desleal frente a los establecimientos que sí cumplen con todos los requisitos legales y de transparencia informativa.
Obstrucción a la inspección y multas adicionales
A la sanción millonaria se suman tres multas adicionales que, en su conjunto, suponen otros 75.000 euros. Consumo señala que la plataforma obstaculizó de forma reiterada la labor inspectora al negarse a suministrar los datos requeridos durante la instrucción del expediente. Asimismo, se detectó un incumplimiento de las obligaciones en los contratos celebrados a distancia y el desacato a las órdenes provisionales dictadas por el órgano instructor para evitar que las lesiones a los consumidores continuaran durante la investigación.
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