La Casa
del Rey y la Vicepresidencia del Gobierno llevan dos meses negociando la
inclusión de una parte de las cuentas presupuestarias de la Jefatura del Estado
en la futura ley de transparencia. Así lo ha reconocido la vicepresidenta Sáenz
de Santamaría. Sin embargo, no todas las cuentas de la Casa Real serán de
conocimiento público: el Gobierno aduce que que no se trata de una
Administración pública y que se están estudiando otros marcos jurídicos
europeos.
Después
de que a la agencia
Reuters le filtrasen la noticia, la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, ha reconocido que lleva dos meses negociando con la
Casa Real la forma en que esta Institución podría ser incluida en la ley de
transparencia que se está negociando con todos los grupos en el Congreso de los
Diputados.
La
vicepresidenta ha reconocido que fue la Casa Real la que decidió que no debía
quedarse fuera de esa ley en estos momentos de crisis económica y también de
crisis de la propia imagen. La negociación con el Gobierno, por tanto, se
inició a iniciativa del jefe de la Casa del Rey,
Rafael Spottorno, pero en se
está cuidando especialmente de que la incorporación a esa ley no afecte a los
principios sobre la Corona que establece la Constitución, según Sáenz de
Santamaría.
En ese
sentido, la vicepresidenta ha dicho en la rueda de prensa tras la reunión del
Consejo de Ministros que existen determinados límites y ha citado en concreto el
título II de la Constitución, que establece "una serie de
particularidades" para la Casa del Rey que hay que respetar en y que, por
tanto, habrá que estudiar una situación específica.
Así,
desde el Gobierno se afirma que la Zarzuela recibirá un trato similar al del
Congreso o el Senado, distinto al de las administraciones públicas, dado que la
Casa del Rey no es una administración pública, según Sáenz de Santamaría.
No
obstante, Sáenz de Santamaría se ha cuidado mucho en matizar que serán las
fuerzas parlamentarias las que definan hasta que límite de control se llegará con
la norma, que se encuentra en trámite parlamentario.
Hay que
recordar que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de julio de 2012 el proyecto
de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, una
norma con la que pretende que los ciudadanos tengan un mayor control sobre cómo
se manejan los fondos públicos.
A
partir de ahí, la Ley de Transparencia se encuentra en trámite parlamentario en
el Congreso de los Diputados, y desde hace unos meses, diversos expertos han pasado
por la Comisión Constitucional de la Cámara Baja para realizar sus aportaciones
sobre cómo mejorar la norma. Pero algunas formaciones, como Izquierda Unida,
ERC o UPyD, han exigido que la Casa Real se someta a un gran control en la Ley
de Transparencia al hilo de las últimas noticias sobre la princesa
Corinna, la
herencia del Rey y hasta la imputación de la
infanta Cristina por el 'caso
Nóos'.
Para
conocer los límites que tendrá la casa Real -algo que no ha querido detallar la
vicepresidenta Sáenz de Santamaría- es básico recordar lo que afirmó el secretario
general del Grupo Popular en el Congreso,
José Antonio Bermúdez de Castro, quien
garantizó que las partidas administrativas de la Casa del Rey estarán sometidas
a la Ley de Transparencia, es decir, que se podrán conocer, por ejemplo, los
contratos y servicios vinculados a la Jefatura del Estado que dependen de
distintos departamentos ministeriales. Pero también adelantó que lo que sí
quedará fuera de la futura norma será el reparto que hace el monarca de la
asignación presupuestaria que recibe anualmente para el mantenimiento de su
familia y de la institución, que está blindada en la Constitución.
Si (
No(
A favor (
En contra (
