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“Si no le hubiera quedado poco más de un año por un delito de amenazas no hubiera tomado esta decisión”. Ha sido la ‘explicación’ más reiterativa de Pérez Rubalcaba sobre por qué ha adoptado una decisión que él mismo reconoce como muy controvertida y adoptada tan sólo unos días después de que decenas de miles de ciudadanos le pidieran en Madrid que no le rebajara la calificación a Ignacio de Juana Chaos. Una cuestión de fondo: Rubalcaba ha sido hasta reiterativo para cargar sobre sí el ‘mochuelo’ de “atenuar” la prisión a este personaje, y ha sido tan reiterativo porque es evidente que la misma puede tener coste político. Durante toda su intervención pública para explicar sus “razones humanitarias” para con De Juana ha insistido en ese aspecto, formando como un muro para que las críticas se paren en seco en el propio ministro y no lleguen hasta Rodríguez Zapatero.
La decisión de ‘atenuar la prisión’ al etarra que asesinó a 25 personas se ha tomado en la misma mañana de este jueves, según el ministro, pero según ha sabido Diariocrítico de fuentes solventes, al menos un portavoz, el del PNV, Josu Erkoreka, tenía conocimiento más o menos real de la misma desde la tarde del miércoles. No así otros portavoces, como el del ‘socio’ del Gobierno en Cataluña, ERC.
Según la cronología explicada por el ministro, la decisión -“que he tomado personalmente yo como ministro de Interior”- se ha adoptado después de recibir los informes favorables de la Junta de Tratamiento de la cárcel y del Juzgado de Vigilancia Central de la Audiencia Nacional, previo informe favorable del fiscal. Se trata, en realidad, de la aplicación del ‘2º grado’ penitenciario, contemplado en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que recoge medidas específicas de seguimiento y control a cargo de Instituciones Penitenciarias. “Va a cumplir su condena en régimen atenuado, para impedir su fallecimiento”, dijo el ministro en una larga exposición inicial, subrayando que ni es “libertad condicional” ni “3º grado”, sino que “va a seguir cumpliendo su condena en un hospital vasco y, si fuera posible, en su domicilio” continuamente vigilado y controlado.
Insistió mucho Rubalcaba en que su “decisión personal” se ha adoptado con los informes ya citados, los cuales se han basado en los informes “por unanimidad” de los médicos de la Comunidad de Madrid y de los forenses de la Audiencia Nacional. Informes que, según el ministro, señalaban inequívocamente que “el riesgo para su vida es muy alto y el de secuelas es mayor”.
De ahí que el ministro alegue esas “razones humanitarias y legales” para adoptar una decisión que él mismo reconoce como “controvertida” con el sanguinario etarra. Pero la decisión “se ajusta escrupulosamente a la legalidad vigente”, que es la defensa que el ministro ha tomado para explicar este caso.
Ésa es una ‘razón’, pero otras razones están referidas a que De Juana “no está en prisión por los asesinatos que ha cometido”: “A muchos”, diría el ministro, poniendo cara de circunstancias, “podrá parecer que cumplió poco en prisión”, pero lo cierto es que con la legalidad vigente pagó su deuda por esos crímenes. Está en prisión por amenazas, y “si no le hubiera quedado poco más de un año por amenazas no hubiera tomado esta decisión”. Así se justifica Rubalcaba.
Luego de las “legales”, las “razones humanitarias”: “Ignacio de Juana hubiera fallecido en prisión en las próximas semanas”, según cree saber el ministro del Interior, y, aunque “él no tuvo piedad de sus víctimas (…) a nosotros [los demócratas] nos importa la vida y ahí reside nuestra legitimidad moral”.
Hasta por tres veces reconoció Rubalcaba que “es una decisión controvertida” y que “he ponderado las consecuencias de la decisión que acabo de tomar y he llegado a la conclusión de que el Estado tiene que aplicar la ley, ser humanitario y actuar firmemente”. Sin embargo, hábil en darle la vuelta a los argumentos, el ministro matizó que esas “razones humanitarias” se han tomado en un número de casos similares, y algunos de ETA “con delitos más graves” que De Juana. No obstante, cuando fue interpelado sobre que casos como el de Esteban Estébanez Nieto, que formó parte del mismo comando de Iñaki de Juana y se excarceló por una enfermedad grave ‘no provocada’, o el de Jon Idígoras, por idénticas razones, el ministro tuvo que reconocer que no recordaba ningún caso en el que se hubiera aplicado una ‘atenuación’ por huelga de hambre. En verdad, que ni siquiera se hizo cuando militantes del GRAPO encarcelados se le pusieron en huelga de hambre al Gobierno socialista de Felipe González.
Y, en fin, un argumento final del ministro, que no parece concluyente para todos: “Hay que ser humanitarios, incluso con aquellos con los que nos repele serlo”, porque la Constitución Española habla de “protección a la vida” y “eso vale para el que quiere vivir, y para el que no quiere vivir también”.
Si (
No(
