El PSOE pide la dimisión del Defensor del Menor y del Consejero de Educación

"Peral y Canalda han estado ocultando estos hechos a los padres de esos niños y a la Justicia, así que estamos ante un presunto delito de prevaricación", señala en un comunicado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Oscar Iglesias.

El portavoz socialista no entiende por qué "si el 14 de diciembre de 2006 la inspección de la Consejería detectó que dos de las cuidadoras no tenían la titulación necesaria, no se las suspendió inmediatamente de sus funciones y se permitió que siguieran trabajando ilegalmente".

Iglesias exige que se investigue cómo es posible que esta escuela infantil funcione desde septiembre de 2004, si la primera autorización para su apertura y funcionamiento fue firmada el 28 de febrero de 2005 por el Director General de Centros Docentes de la Comunidad de Madrid. "Este centro ha estado abierto sin permiso durante cinco meses sin que la Consejería de Educación haya hecho nada por evitarlo", subraya Iglesias.

El portavoz socialista recuerda que el artículo 4 de la Orden 2879/2004 de la Consejería de Educación establece que todos los niños de acudan a escuelas infantiles privadas deberán ser atendidos por maestros especialistas en educación infantil o por Técnicos Superiores de Educación Infantil.

Según Iglesias, "estas escuelas infantiles no pueden funcionar sin que su personal cumpla con los requisitos legales de titulación exigidas por la ley y, sin embargo, lo han hecho, mientras el consejero de Educación miraba para otro lado y hacía dejación de sus responsabilidades".

Otra de las irregularidades de la que deben dar cuenta desde la Consejería de Educación, a juicio de los socialistas, es que en esta escuela infantil ubicada en San Blas funciona el comedor, mientras que en el listado oficial de la Comunidad no aparece autorizado este servicio.

Inspecciones
Los socialistas exigen al Ayuntamiento y a la Comunidad que hagan una campaña de inspecciones en las 320 escuelas infantiles privadas que funcionan en la ciudad de Madrid, que comprueben si tienen licencia, si funcionan con los requisitos legales y si los cuidadores tienen la titulación necesaria.

El PSOE insiste en que terminar cuanto antes con las guarderías piratas y con aquéllas que no cumplen los requisitos mínimos en materia de horarios, comedor, habitabilidad, seguridad, acústica, higiene, ventilación, iluminación y barreras arquitectónicas.

"Resulta lamentable que, a estas alturas, sólo el 23 por ciento de las guarderías privadas madrileñas tenga horario ampliado, que únicamente el 3,7 por ciento cuente con transporte escolar y que nada más que el 11,5 por ciento, disponga de servicio de comedor", concluye el portavoz del PSOE.

Tranquilidad
Desde UGT de Madrid, el secretario general de Enseñanza, José Vicente Mata, hizo este jueves un llamamiento de tranquilidad a los padres de los niños que acuden a escuelas infantiles, y aseguró que hechos como los denunciados en una guardería del distrito de San Blas son "esporádicos".

Mata reclamó de la Comunidad de Madrid la puesta en marcha de medidas necesarias e inspecciones que garanticen la seguridad de los pequeños, así como una mayor inversión en educación infantil.

"La última escuela infantil pública de la región la impulsó el Gobierno regional de Joaquín Leguina y la inauguró Alberto Ruiz-Gallardón en su primer año como presidente de la Comunidad de Madrid", dijo a el secretario general de Enseñanza de UGT de Madrid.

También la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) mostró su rechazo a los hechos presuntamente ocurridos en la guardería de San Blas y animó a las familias que se han sentido dañadas por las prácticas de este centro a denunciar los hechos.

En un comunicado, la CECE considera que, aunque grave, lo acaecido en "El borreguito azul" es un hecho aislado que nada tiene que ver con el trabajo diario que los profesionales de las escuelas infantiles realizan cada día.

Por su parte, Rafael Simancas pidió este jueves la elaboración de una "auditoría sistemática" en todas las guarderías públicas y privadas de la región para "controlar el cumplimiento de la legislación vigente y garantizar los derechos de los niños".  Simancas anunció que su grupo pedirá la comparecencia parlamentaria del Gobierno regional por esta denuncia, al considerar que tanto el defensor del Menor, Arturo Canalda, como el consejero de Educación, Luis Peral, han actuado con "una irresponsabilidad gravísima" por "conocer el caso desde diciembre" y "sólo reaccionar cuando hay denuncias en los medios de comunicación".

Desde IU, su portavoz adjunta, Marga Ferré, tildó el caso de "absolutamente escandaloso" y opinó que "alguien debería dimitir" porque, según argumentó, "la Administración pública tiene la responsabilidad pública de controlar estos establecimientos". De igual modo, vinculó esta "barbaridad" al hecho de que "haya 25.000 niños de cero a tres años en la Comunidad de Madrid que quieren ir a una guardería pública y a los que la Administración les niega esa posibilidad"