El PP en el Parlamento Europeo ha enviado una carta formal al comisario de Justicia de la UE para denunciar lo que califican como una "preocupación social y jurídica de máxima gravedad".
Se refieren así a la concesión del régimen de semilibertad al ex jefe militar de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki'.
La misiva, firmada por figuras de peso como Dolors Montserrat, Javier Zarzalejos y Juan Ignacio Zoido, sostiene que esta decisión no es un hecho aislado, sino que forma parte de una "práctica habitual" en la que 112 de los 119 presos de la banda en cárceles vascas ya disfrutan de beneficios penitenciarios.
Demasiadas liberaciones o beneficios
Los eurodiputados populares alertan de que estas medidas se están concediendo sin que exista un "arrepentimiento efectivo" ni colaboración con la justicia para resolver los más de 300 atentados que aún permanecen sin autoría conocida.
Según los datos aportados en el texto, el 85% de los beneficios aplicados mediante el artículo 100.2 desde 2021 han sido destinados a condenados por terrorismo, lo que, a juicio del PP, evidencia un trato "preferente" hacia los presos de ETA frente a los presos comunes.
Además, denuncian que las víctimas se ven obligadas a coincidir con sus victimarios en las calles sin haber sido informadas ni escuchadas en el proceso.
Instrumentalización política
Para el PP, el trasfondo de estas excarcelaciones es estrictamente político, vinculando la flexibilidad penitenciaria a la dependencia parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a EH Bildu.
Los firmantes describen a la formación abertzale como "heredera del entorno de ETA" y aseguran que la salida de presos es una "exigencia explícita y reiterada" de sus acuerdos de partido.
"El riesgo de instrumentalización de la política penitenciaria resulta evidente cuando estas decisiones coinciden sistemáticamente con acuerdos políticos", subraya la carta dirigida a Bruselas.
Finalmente, los eurodiputados del PP solicitan a la Comisión Europea que pida explicaciones al Gobierno de España sobre el fundamento jurídico de los beneficios otorgados a 'Txeroki'. Argumentan que estas concesiones entran en "abierta contradicción" con la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Víctimas (2020-2025), diseñada precisamente para evitar la victimización secundaria. El PP exige mecanismos efectivos para que las víctimas puedan recurrir estas decisiones y reclama que se proteja el Estado de Derecho frente a lo que consideran un "ejercicio desviado" de las competencias administrativas por parte de la gestión penitenciaria actual.
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