Egunkaria y la libertad de expresión

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha iniciado este martes un juicio polémico, porque afecta de lleno a la libertad de expresión: el seguido contra los responsables del diario "Euskaldunon Egunkaria" ("El diario de los vascohablantes"), cerrado hace casi siete años (febrero de 2003) por el juez Juan del Olmo por su supuesta vinculación con ETA. Ahora bien, de las 10 personas inicialmente procesadas, sólo cinco se han sentado finalmente en el banquillo de los acusados, dos ex directores y tres ex miembros del consejo de administración: Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga, Juan María Torrealdai, Txema Auzmendi e Iñaki Uria… y a la vista oral se ha llegado, además, sin acusación del ministerio fiscal.

    "Euskaldunon Egunkaria" era, desde 1990 y hasta el momento de su cierre por orden judicial, el único diario que se publicaba íntegramente en euskera. Su único antecesor como tal fue el breve "Eguna" (enero-junio de 1937), editado por el Gobierno Vasco en plena Guerra civil. Desde su nacimiento hasta su cierre, "Egunkaria" llegó a convertirse en un periódico con 70 páginas de promedio al día, una tirada de 15.000 ejemplares, 44.000 lectores estimados, página web y una calidad periodística equiparable a otros rotativos de mayor tirada. Su lugar en el panorama periodístico del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés lo ocupa su sucesor "Berria".

         Desde el inicio, en la última etapa del Gobierno Aznar, el 'caso Egunkaria' ha estado rodeado de polémica. No sólo porque afecte al derecho básico a la libertad de expresión, recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española, sino porque a la vista oral se ha llegado sin acusación del fiscal, que levantó todos los cargos hace tres años (diciembre de 2006) al no constatar ninguna vinculación ni directa ni indirecta con ETA, única causa que podría argumentarse para el cierre de un periódico. No lo había, según el fiscal, ni con el entramado financiero de la banda ni como instrumento para el lavado de su dinero negro ni como caja de resonancia para los fines de ETA.

         Todos esos argumentos están contenidos en el escrito con que el fiscal Miguel Ángel Carballo pidió el archivo del caso a finales de 2006, en el que, además, subraya que "una cosa es que, en los albores del periódico, la banda esté interesada e informada (...) y algo muy diferente es que ello implique que se le pueda atribuir su creación, su impulso o su control, y menos aún a los gestores del periódico procesados en la presente causa".

La causa se ha mantenido viva exclusivamente por la acción de la vía popular, representada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la asociación Dignidad y Justicia. La Audiencia, aunque sin acusación fiscal ni particular, ha decidido llevar el caso adelante y se ha llegado así a la apertura de un juicio tan polémico, con aparentes indicios tan aparentemente inconsistentes, que una treintena de parlamentarios y cargos de PNV -Josu Erkoreka, a la cabeza- y ERC -Tardá y Ridao- se han manifestado inusualmente ante las puertas de la Audiencia Nacional.

         El republicano catalanista Joan Ridao sostiene que el cierre del periódico es "un atentado contra la libertad de expresión". El peneuvista Josu Erkoreka expresa su "solidaridad, apoyo, respaldo y aliento" y dice que en el PNV "no contemplamos otra posibilidad razonable más que la de la absolución de todos los que están implicados en el asunto". Otras declaraciones han ido por el mismo sentido.

          El caso es aún más polémico si se tiene en cuenta que ya en el año 2001 la Guardia Civil intentó que el juez Baltasar Garzón -que prácticamente acababa de cerrar el diario "Egin"- autorizara una investigación judicial contra "Egunkaria". Los datos que le presentaban eran tan endebles que Garzón no autorizó ninguna investigación. Si lo haría dos años después el juez Del Olmo, que en la práctica acababa de llegar a la Audiencia Nacional y quien a lo largo de la instrucción obligó a hacer algo realmente inédito: liquidar el diario sin sentencia judicial. Más inédito aún fue que seis años después los cinco que se han sentado en el banquillo conservan todas sus cuentas y bienes 'bloqueados', es decir, que no pueden disponer ni de lo que legalmente es suyo. Algo realmente excepcional.

         El apoyo al terrorismo está prohibido por cualquier legislación, desde luego por la española, como lo está también el intento de justificación del genocidio, pero ¿en base a qué pruebas se cerró un medio de comunicación por expresarse exclusivamente en euskera? ¿Por qué siguió adelante una causa en la que el juez instructor, Juan del Olmo, reconocía que no había pruebas ni de connivencia con ETA y mucho menos de financiación por la banda? ¿Por qué se ordenó liquidar un periódico cuando hasta el propio fiscal retiró la acusación ante la ausencia de pruebas de ningún tipo? "Egunkaria" se ha convertido en un caso realmente 'caliente' para la justicia española… pero de difícil reparación si se demuestra que no había caso: las indemnizaciones pueden llegar a ser realmente astronómicas a causa de un cierre que, en definitiva, ha afectado a uno de los más elementales derechos: el de la libertad de expresión.