Mientras la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, hablaba en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del corrupción supuestamente existente en el PP y le pedía a Mariano Rajoy que asumiera responsabilidades, ocurrían dos hechos paralelos: por un lado, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón emitía un Auto en el que rechazaba la admisión del PP como acusación particular en el ‘caso Gürtel’, una decisión con la cual se blinda ante la recusación que ese mismo PP le ha planteado como juez. El segundo hecho es que nos llegaban en ese momento las fotos de una de las cacerías a las que asistió el ministro de Justicia, Mariano Bermejo, acompañado del juez Garzón y del jefe de la Policía Judicial. Ésta, celebrada en Andújar el sábado 7 de febrero, montería a la que siguió otra el domingo, día 8.
Pero la vicepresidenta De la Vega pasó de puntillas sobre esa cuestión: cerró el debate con un “sobre las relaciones personales del ministro no tengo nada que decir”. Y eso que unas horas antes el alcalde de Las Palmas y ex ministro de Felipe González, Jerónimo Saavedra, había dicho que Fernández Bermejo tenía que dimitir. Sobre esta cacería el Gobierno ha decidido enrocarse y lanzarse directamente contra el PP por el ‘caso Gürtel’.
Y en ese punto sí que se extendió la vicepresidenta primera: “Hay una investigación que se está haciendo en un juzgado”, dijo, “de una trama de corrupción vinculada con el principal partido de la oposición”, un caso que se abre porque hay un militante que presenta una denuncia y “se tiene que resolver dentro del PP”.
De la Vega aún abundó más: “Esa investigación se abre porque hay un militante del PP que presenta una denuncia… algunos militantes… Ayer mismo conocimos el auto y, de la lectura del mismo, la única lectura que cabe hacer es preocupación. El gobierno sigue los hechos con verdadera preocupación por la gravedad de los hechos que relata”.
Siguió aún De la Vega: “Los hechos investigados conciernen únicamente al PP, y es el PP el que debe valorar esas circunstancias”. Dijo que “el PP ha decidido enrocarse: en lugar de colaborar con la Justicia ha decido atacar a la Justicia”. Y añadió que “no va a servir [ese ‘ataque’ a la Justicia, es decir, esa recusación a Garzón] para resolver sus problemas internos ni los problemas planteados en la Justicia”. En ese sentido, recomendó a Rajoy que “la transparencia es el mejor antídoto contra cualquier conspiración real o inventada” y finalizó con un “tenemos que respetar la decisión de los jueces, como hemos hecho siempre”.
Respecto a la ruptura del pacto por la Justicia anunciada por el PP, De la Vega dijo que “el Gobierno sigue los acontecimientos que se están produciendo con preocupación”, y pidió a los populares que “asuman sus responsabilidades y que se dediquen a despejar las situaciones graves que se están produciendo”, apelando a que apoyen “las reformas en el acuerdo que tenemos en materia de justicia”.
Y, en fin, con relación a la huelga de jueces del próximo 18 de febrero, la vicepresidenta tampoco quiso ser muy explícita: ya se ha pronunciado, dijo, el Consejo General del Poder Judicial, que es el “órgano político de los jueces” y al que le correspondía pronunciarse. Y volvió, machaconamente, a mostrar su “disposición al diálogo, a sentarnos con los jueces todas las veces que haga falta” para dotar de un buen servicio público a la Justicia. Mostró “nuestro compromiso a trabajar” y confió en que los jueces no hagan huelga.
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