Unos 1.700 jueces de los aproximadamente 4.400 que hay en España ya han anunciado que secundarán la huelga del miércoles,18 de febrero, convocada por la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), y apoyada por las todas las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, excepto el TSJ de Castilla-La Mancha y la Audiencia Provincial de Albacete, así como por las juntas de jueces de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Castellón, Extremadura, Murcia, Soria, Granada, Córdoba, Lugo, Pontevedra, Girona, Tarragona, Ibiza y Zamora.
Por su parte, el plan propuesto inicialmente por las asociaciones judiciales (dar más tiempo al Gobierno y convocar la huelga para el 26 de junio si no hay avances) fue respaldado, entre otros, por los jueces del País Vasco, Asturias, La Rioja, Albacete, Jaén, Navarra, Guadalajara, Palencia, Salamanca, Mallorca y Menorca.
Los propios jueces acordaron los servicios mínimos que facilitarán este miércoles y que harán que esta huelga, según los convocantes, no afecten a ninguna
"causa urgente". El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya dictó que
"no había cobertura legal" para este paro.
La protesta ha recibido las críticas del Gobierno y de todos los partidos políticos, excepto el PP que mantiene una postura más ambigua, y ha dividido a los sindicatos.
Si todos los jueces pararan, en una jornada y de acuerdo con cálculos realizados en su día por el diario Público, se quedarían sin resolver sólo en ese día cerca de 33.700 asuntos judiciales, y alrededor de 5.900 sentencias se quedarían sin dictar.
La situación de la Justicia, colapsada de por sí, podría ser aún peor en regiones como Madrid, donde el paro coincidirá con una huelga de los funcionarios de Justicia.
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Lo que piden...
Los jueces han convocado este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y el CGPJ acepten sus reivindicaciones, que pasan por un incremento retributivo, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea y el no perder la agenda de los señalamientos (potestad que una reforma legal prevé asignar a los secretarios judiciales), entre otros asuntos.
Para muchos de los que se oponen a la huelga, incluidos el ministro de Justicia y el propio presidente del Gobierno, el llamado caso
Tirado, el juez responsable que
Santiago del Valle estuviera en la calle cuando supuestamente asesinó a
Mari Luz Cortés, se encuentra en el origen de las protestas de los jueces. El CGPJ le sancionó con 1.500 euros, lo que provocó muchas críticas y la actuación del Gobierno en busca de una sanción mayor y que también probó la sobrecarga del sistema judicial.
Lo que es cierto es que este caso fue el detonante del malestar de los jueces y, según el bando, probó la precariedad de la carrera judicial y las presiones e ingerencias políticas a las que se enfrentan o el corporativismo que reina entre los jueces.
La "inoportuna" cacería costó 1.000 euros
Además, sobre el polémico tema de su cacería en Jaén hace dos fines de semana, el ministro reconoció que pudo ser
"inoportuna", si bien lamentó que el PP esté intentando elevar dicho encuentro
"inoportuno" a la categoría de
"problema institucional".
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