La Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) escuchará este martes los planes del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5,
Baltasar Garzón, para presidir la Audiencia Nacional. No habrá preguntas: simplemente se dejará al juez que lea su currículum, que cante sus excelencias y que exponga sin interrupciones cuáles son sus planes para gobernar la Audiencia Nacional en los próximos años.
El paso por la Comisión de Calificación es obligado para todos los candidatos a presidir la Audiencia. Presidida por
Manuel Torres Vela, la Comisión está formada por cinco vocales: el propio Torres Vela, José
Manuel Gómez Benítez, Félix V. Azón Vilas, Concepción Espejel Jorquera y
Claro José Fernández-Carnicero González. Tres progresistas y dos conservadores, para entendernos. Como suplentes figuran
Inmaculada Montalbán, Miguel Carmona, Almudena Lastra, Gemma Gallego y
Antonio Dorado.
Entre todos los candidatos, la Comisión deberá elegir una terna para elevarla al Pleno del CGPJ, pero ¿estará Garzón? Fuentes del Consejo General afirman rotundamente que
“Garzón no presidirá la Audiencia Nacional”. En el ojo del huracán, su conducta ha quedado en entredicho y su figura despierta demasiada controversia como para ser un candidato de consenso. Se perfilan dos nombres como ‘finalistas’ del premio presidencial:
Ángel Juanes, magistrado progresista del Tribunal Supremo, y
Carlos Lesmes, apoyado por el sector conservador.
En el punto de mira
Así, pues, fuentes del poder judicial descartan ya
a priori que Garzón sume los apoyos necesarios para presidir la Audiencia Nacional. No es que no sea un candidato de consenso, sino que, además, está sometido a tal campaña de investigación que todo parece indicar que los aspectos más controvertidos de su vida van a ver la luz de una manera determinante.
Garzón tiene que afrontar ahora mismo dos expedientes informativos que pueden minar la imagen pública del juez. El primero tiene que ver con la liberación de dos narcos turcos,
Sahin Eren y
Erden Vardar, el 16 de julio de 2008 tras descubrir que se le había pasado, por seis días, el plazo máximo de dos años de prisión provisional. El error se debió a un fallo en la carpeta de los procesados, ya que la fecha de detención que figuraba era incorrecta. Ello se debió a que la operación contra esta red de narcotráfico se desarrolló en dos fases.
En enero de este año, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó, conforme a la propuesta realizada en su día por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la apertura a Garzón de un expediente disciplinario por falta leve. A partir de ese momento, el asunto está siendo instruido por el presidente de la Sección Séptima de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
José Luis López Muñiz, quien deberá presentar una propuesta que puede ir desde el archivo del asunto, pasando por la amonestación, hasta la fijación de una multa para Garzón.
Pero no es el único expediente que Garzón tiene pendiente: al CGPJ acaba de llegar la denuncia que un abogado presentó ante el Tribunal Supremo por
cobros paralelos de Garzón en Nueva York. Un tema ya viejo, pero con datos nuevos, como Diariocrítico informó exhaustivamente en su momento: el 7 de abril de 2008, cuando la supuesta irregularidad no había prescrito, Garzón comunicó por escrito a la Sección de Informes del Servicio de Inspección del CGPJ que
“no tengo nada que informar” sobre sus supuestos cobros paralelos en Nueva York. Este escrito de Garzón, al que
Diariocrítico tuvo acceso, demostraría, como mínimo, que Garzón ocultó inicialmente la verdad a la Inspección del CGPJ y que con ese ocultamiento consiguió que se cerrara -también inicialmente- su expediente por cobros paralelos. La pelota está ahora en el nuevo Consejo General del Poder Judicial.