Apenas han trascendido detalles de este proyecto, enmarcado en el plan de austeridad, salvo que incluirá una reducción del número de altos cargos de la administración general del Estado y que se traducirá también en una disminución del número de empresas públicas mediante procesos de fusiones y concentraciones. Esta medida conllevará una reducción de los cargos directivos y de los consejos de administración de las empresas y, según avanzó en su día la vicepresidenta primera la revisión de sus retribuciones.
El plan afectará previsiblemente también a los numerosos órganos colegiados de la administración, que tienen funciones de asesoramiento o control y que se han ido multiplicando con los años. La Oferta de Empleo Público para 2010, aprobada hace dos semanas, se enmarcó también en el programa de austeridad del Gobierno, que fijó la tasa de reposición (cobertura de vacantes) en el diez por ciento.
Sólo se ofertarán 1.989 plazas para la Administración General del Estado (frente a las 15.084 del año pasado), principalmente en el Ejército y los Cuerpos de Seguridad del Estado, y 2.030 para la Administración de Justicia.
Sobre reforma laboral
Preguntada sobre el alcance de la reforma laboral, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Gobierno "mantiene su compromiso" de hacer la reforma laboral "sin recortar ningún derecho de los trabajadores", después de que el Ejecutivo propusiese ayer a sindicatos y empresarios extender el uso de contrato de fomento del empleo con indemnización por despido de 33 días por año trabajado, frenre a los 45 ordinarios.
En una rueda de prensa en Moncloa tras reunirse con los delegados del Gobierno, De la Vega dijo que la propuesta enviada ayer es "una herramienta de trabajo" remitida "con el objetivo de facilitar el acuerdo" y que "se terminará de perfila en el diálogo social".
De hecho, se mostró convencida de que habrá un acuerdo y no quiso "especular" ni aventurar si el Gobierno impondrá la reforma por decreto en el caso de que no lo haya. Además, admitió que el plazo dado por el Ejecutivo para pactar la reforma --finales de abril-- es "indicativo" y dejó claro que "lo importante es que haya acuerdo" aunque la negociación entre en los primeros días de mayo.
Para la vicepresidenta, Gobierno, sindicatos y empresarios coinciden "en el diagnóstico", que hace falta un mercado laboral "más moderno y eficaz" y confió en que a través del diálogo se puedan acordar también "las soluciones".
La 'número dos' del Ejecutivo quiso dejar claro además que la propuesta no se limita a proponer una extensión del contrato de fomento del empleo sino que tiene medidas en cinco ámbitos: dualidad entre empleos fijos y temporales, bonificaciones, intermediación del empleo, reducción de jornada y empleo juvenil. También, recordó, se importan ideas de otros modelos europeos --como el austriaco para las indemnizaciones por despido o el alemán para los EREs de reducción de jornada-- pero admitió que éstos no se pueden copiar "miméticamente".
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