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El Gobierno tendrá que responder ante la ONU por la inhabilitación del juez Baltasar Garzón
(Foto: EP)

El Gobierno tendrá que responder ante la ONU por la inhabilitación del juez Baltasar Garzón

lunes 14 de noviembre de 2016, 11:42h

Han pasado cuatro años desde que el Tribunal Supremo inhabilitó al ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón por las escuchas ilegales en la investigación del 'caso Gürtel'. Ahora, el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) solicita al Estado español que responda a la denuncia presentada por Baltasar Garzón, en la que alega el carácter arbitrario de las investigaciones y enjuiciamientos que concluyeron con su inhabilitación y pusieron fin a su carrera judicial. El Ejecutivo español tiene un plazo de 6 meses para responder el Comité de la ONU.

La denuncia ha sido presentada por el despacho de abogados especializado en Derechos Humanos ‘Human Rights in Practice’, que dirige Helen Duffy. En su escrito, Duffy expuso los “numerosos casos en los que el juez Garzón autorizó llevar a cabo investigaciones: los relativos a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período franquista, que a día de hoy continúan impunes, así como los casos de corrupción que relacionan presuntamente a altos cargos del actual partido en Gobierno, el Partido Popular”, el conocido como 'caso Gürtel'.

“Baltasar Garzón fue imputado penalmente por estas decisiones judiciales. Se abrió contra el magistrado simultáneamente un tercer proceso que había sido archivado en dos ocasiones anteriores, y que tras la condena se archivó de forma inmediata, pues había prescrito tiempo atrás. Esta prescripción era suficientemente conocida por el juez instructor que aun así mantuvo abierto el proceso”, señala el escrito de Duffy.

La líder de ‘Human Rights in Practice’ indica que “los procedimientos penales iniciados contra el Juez Garzón se fundamentaron exclusivamente en su interpretación y aplicación de la ley. Ello representa una flagrante violación del principio de independencia judicial que deriva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del derecho internacional de los Derechos Humanos, asimismo supone la violación de múltiples derechos protegidos por el mencionado Pacto”.

Duffy recuerda cómo Garzón fue absuelto finalmente por la causa relativa a los crímenes del franquismo, mientras que fue condenado por las escuchas ilegales del ‘caso Gürtel’. “Tras años de investigación, suspensión y enjuiciamiento, en uno de los procedimientos penales instados contra el juez Garzón éste fue absuelto, mientras que en el otro procedimiento fue condenado. No obstante, las violaciones de sus derechos y el efecto desalentador causado con respecto al principio de independencia judicial no dependen del resultado final de un procedimiento penal”.

La denuncia del juez Garzón cuenta con el respaldo de expertos internacionales “del más alto nivel, que han presentado dictámenes periciales conjuntos”. Los dictámenes examinan una serie de cuestiones que son de relevancia para la determinación del caso por parte del Comité de los Derechos Humanos, incluyendo: a) los estándares internacionales respecto a la independencia judicial en la que se basa este caso; b) la invalidez de leyes de amnistía y las normas sobre plazos de prescripción aplicables en el derecho internacional y en la práctica, en consonancia con los hechos aplicables del juez Garzón; y c) la interpretación sin precedentes de la Ley de Prevaricación aplicada en el marco de los procedimientos instados contra el juez Garzón.

Aunque cuenta con respaldo internacional, el juez Garzón “no ha obtenido reconocimiento alguno por parte del Estado Español, no ha habido ningún tipo de reparación, ni tampoco se han realizado esfuerzos para garantizar la independencia judicial en el futuro”.

Garzón decidió presentar esta denuncia ante el Comité de Derechos Humanos a principios de este año, y ahora habrá que esperar la respuesta del Estado español, que no puede demorarse más de seis meses.

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