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Cañamero, sobre su gestión como alcalde: 'Que me investiguen, mi vida es limpia y transparente'
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(Foto: Dani Gago/Podemos)

Cañamero, sobre su gestión como alcalde: "Que me investiguen, mi vida es limpia y transparente"

> El diputado pide acabar con los aforamientos tras constatar que no puede renunciar a esta condición

viernes 05 de agosto de 2016, 12:43h
El diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero ha asegurado que si alguien tiene dudas sobre si cometió alguna ilegalidad durante su etapa como alcalde de El Coronil (Sevilla) acuda a los tribunales. "Que me investiguen, que investiguen los últimos 40 años de mi vida. No tengo nada que ocultar", ha señalado sobre las acusaciones de que concedió favores a su familia desde su cargo de edil. Cañamero se ha pronunciado de esta manera tras registrar en el Congreso su renuncia al aforamiento como diputado, aunque, como ha reconocido, la Cámara Baja ya le ha aclarado que es un derecho irrenunciable.

Diego Cañamero ha instado desde el Congreso de los Diputados a que se investigue su gestión como alcalde si existe alguna duda de la misma. El ahora parlamentario de Unidos Podemos ha reaccionado de esta forma ante las acusaciones de trato de favor a familiares durante la etapa de 14 años en la que ejerció como edil de El Coronil.

"Si hay alguna cosa que haya hecho ilegal en mi pueblo, para eso están los tribunales. No hay ningún problema. Además, yo pido que me investiguen, no un año sino 40 años de mi vida", ha respondido Cañamero.

El diputado ha añadido que su vida es "limpia y transparente" y que está dispuesto a abrir las puertas de par en par. Cañamero ha llegado a asegurar en su cuenta de Facebook que, si alguien encuentra en su gestión política "un sólo privilegio", él estaría dispuesto a dimitir de su cargo de diputado.

La polémica ha surgido a raíz de una información del periódico 'ABC' en el que se apunta que durante la etapa en la que Cañamero fue alcalde y primer teniente de alcalde se concedieron subvenciones y favores a varios de sus hermano y a sus compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Se destaca en concreto, según una auditoría encargada por el PSOE, una subvención de 162.000 euros para comprar unas tierras y un cortijo con el fin de explotarlo a través de una cooperativa. No obstante, el diario apunta que finalmente todas las familias involucradas se marcharon y sólo quedaron encargados del cortijo un hermano de Cañamero y su familia.

Sobre la asignación de viviendas con subvenciones públicas, Cañamero ha explicado que tiene 10 hermanos y un total de 75 familiares directos, por lo que considera que es injusto castigar a esas familias en el reparto de viviendas de un pueblo de apenas 5.000 habitantes.

Cañamero ha añadido que las acusaciones y las exigencias de explicaciones por parte del PSOE andaluz se deben a que están "cabreados" por haber perdido diputados y ha asegurado que, en general, hay "una caza y captura" contra los 71 diputados de Unidos Podemos.

"Les molesta que a esta casa llegue gente cercana al pueblo y que venga uno con rastras, otro con coletas, otros con camiseta y otros con camisillas de tres euros", ha apuntado.

El aforamiento irrenunciable

Cañamero ha acudido este viernes al Congreso de los Diutados para entregar al registro de la Cámara Baja la renuncia al aforamiento que había firmado ante notario. Sin embargo, este derecho es irrenunciable, ya que se trata de una condición regulada por la Constitución que protege el cargo de diputado.

El diputado por Jaén admitido en la comparecencia posterior que el Congreso ya le había informado de que esta renuncia ante notario carecía de validez, aunque la ha entregado de todas formas.

Ante este contratiempo, Cañamero ha instado a cambiar la regulación de los aforamientos, que está recogida en la Constitución. "350 diputados, nos ponemos de acuerdo y lo cambiamos, ¿no queremos estar en contra de los privilegios? Pues empecemos por algo", ha comentado el diputado.

Podemos ya lleva en su programa electoral la propuesta de limitar los privlegios de diputados y senadores, de modo que sólo tenga una protección especial la actividad parlamentaria de manera estricta. Esto implicaría que un diputado pudiera ser procesado en un tribunal ordinario por cualquier delito cometido fuera del ámbito del Congreso, aunque se realice durante el ejercicio de su cargo.

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