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El Gobierno amplía la moratoria tributaria para pymes y autónomos y aprueba créditos para pensiones y paro
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(Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

El Gobierno amplía la moratoria tributaria para pymes y autónomos y aprueba créditos para pensiones y paro

martes 26 de mayo de 2020, 18:36h

El Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas económicas para paliar el impacto de la crisis del coronavirus, entre las que destacan la ampliación a 4 meses de la moratoria para el pago de impuestos para pymes y autónomos, así como la inyección de 30.000 millones a la Seguridad Social para afrontar los pagos de pensiones y prestaciones por desempleo.

Para dotar de liquidez a pymes y autónomos, y tras un acuerdo con Ciudadanos, el Gobierno ha aumentado de tres a cuatro meses el periodo en que éstos pueden aplazar el pago de sus obligaciones tributarias sin abonar intereses. En total, el aplazamiento podría alcanzar los seis meses, lo que implica que más de la mitad del periodo de aplazamiento no soportaría ningún recargo para esos contribuyentes.

El Decreto introduce las adaptaciones para la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades a la realidad provocada por la pandemia, permitiendo que aquellas sociedades que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales antes de que termine el plazo de declaración de este Impuesto, puedan presentarla con las cuentas disponibles en ese momento. También se habilita un régimen especial para presentar otra declaración, sin recargos, cuando las cuentas anuales se hayan podido aprobar.

Moncloa ha acordado retrasar excepcionalmente hasta septiembre la publicación de la denominada 'lista de morosos' de la Agencia Tributaria para que puedan resolverse con todas las garantías los procedimientos establecidos teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social, por un importe de 16.500 millones de euros y a un crédito extraordinario en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por un importe de 14.002 millones de euros para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19, sobre todo con los ERTE y las prestaciones por cese de actividad a los autónomos.

También se incluyen dos suplementos de crédito motivados por la doble prórroga presupuestaria de 99 y 272 millones de euros, para completar prestaciones no contributivas y a la prestación por hijo a cargo, respectivamente.

En el ámbito agrario, el Real Decreto Ley prorroga hasta el 30 de septiembre las medidas extraordinarias para promover el empleo temporal agrario. Con esta prórroga de tres meses, que cubre hasta el fin de varias campañas de mayor actividad como la fruta de hueso o los cultivos de verano, se garantiza la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos.

Los jóvenes extranjeros en situación regular que trabajan en el campo podrán acceder a una autorización de residencia y trabajo que tendrá una vigencia de dos años, renovable por otros dos, y que será válida en todo el territorio nacional y sin límites sectoriales o de actividad, todo ello sin perjuicio de que, para el acceso a la residencia de larga duración, se tendrán en cuenta todos los periodos de residencia, legal y continuada, con ésta u otras autorizaciones de las que haya sido titular.

El decreto aprobado por el Gobierno amplía la cobertura al personal que presta atención en los centros sanitarios o sociosanitarios. Hasta ahora este tipo de contingencias se consideraban de carácter común asimiladas de accidente de trabajo a efectos de incapacidad temporal y ahora vienen a considerarse contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, lo que supone una mayor cobertura para los casos en que dicha enfermedad cause incapacidad permanente o el fallecimiento para estos trabajadores.

En el ámbito de las telecomunicaciones, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la eliminación de las limitaciones a los usuarios para cambiar de operador conservando su número telefónico, lo que se conoce como portabilidad. Una vez que todo el territorio nacional está ya en Fase 1 o Fase 2, la eliminación de las restricciones a la portabilidad permitirá que el mercado de las telecomunicaciones recupere su dinamismo y plena operatividad y, al mismo tiempo, se restablezca la capacidad de la ciudadanía de elegir los servicios que mejor se adapten a sus necesidades.

Una vez entre en vigor el Real Decreto-ley aprobado hoy, solo permanece la obligación extraordinaria para los operadores de no interrumpir las comunicaciones electrónicas, al tratarse de servicios esenciales, hasta que se dé por finalizado el estado de alarma, incluso en el caso de abonados que no hubieran procedido al pago. Por este motivo, las medidas aprobadas hoy incluyen un procedimiento que facilita a los abonados satisfacer las facturas pendientes de un modo flexible.

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