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La estrategia del Gobierno para parar el referéndum: ahogo económico y control policial limitado

La estrategia del Gobierno para parar el referéndum: ahogo económico y control policial limitado
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(Foto: PP)
martes 19 de septiembre de 2017, 08:00h

Cada vez parece más clara la estrategia del Gobierno para parar el referéndum: continuar con el ahogo económico realizado desde Hacienda y las Administraciones Públicas y ejercer un control policial y judicial pero limitado y equilibrado, sin grandes escenas contra ciudadanos.

Por ejemplo, el diario LA RAZÓN cree que "Rajoy no prevé activar el 155 antes del 1-O". Según este periódico, el presidente del Gobierno no tiene intención de "adoptar medidas excepcionales" antes de esa fecha, salvó que haya "nuevos desafíos de la Generalitat". La respuesta será desactivar la logística de la consulta y que continúen los procesos judiciales.

En todo caso, no queda descartado la aplicación del artículo 155 en ningún caso. Y más desde que el PSOE haya cambiado de postura y se muestre dispuesto a apoyar su uso constitucional. El PSOE mantiene que "no sería deseable", pero ya no la rechaza tajantemente. Así se interpretan las palabras del portavoz de la Ejecutiva Federal, Óscar Puente, quien señaló que tal y como se han puesto las cosas realizar una afirmación "categórica" sería "imprudente" y apuntó que llegado el caso el PSOE fijará su postura "en función de las circunstancias".

Ahogo económico

El Ministerio de Hacienda controlará el uso de las tarjetas de crédito por parte de altos cargos de la Generalitat con el fin de que no puedan emplear dinero en el referéndum. Técnicos del Ministerio se han reunido con representantes de los bancos para informarles del mecanismo de control de los pagos en Cataluña, después de que el Gobierno asumiera el control de los gastos esenciales de la Generalitat por su negativa a remitir un informe semanal sobre el destino de sus recursos.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha reclamado a la Generalitat información sobre sus 170.000 funcionarios para poder asumir el pago de las próximas nóminas, según el plan del Gobierno para controlar las cuentas catalanas y evitar que el referéndum del 1-O se financie con dinero público.

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, acusó al Gobierno de buscar el colapso de todas las administraciones, algo que, a su parecer, es una "irresponsabilidad". De igual modo, el conseller de Presidencia, Jordi Turull, advirtió ayer al ministro Montoro de que la intervención de las cuentas de la Generalitat pondrá en peligro la renta garantizada de la ciudadanía y otras previsiones de gasto, pero no la celebración del referéndum.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusó ayer al Gobierno de estar aplicando el artículo 155 de la Constitución sin tener el "coraje" de pasar por las Cortes. En un mitin en Girona, Puigdemont dijo que Rajoy "no está solo" porque a sus medidas se han sumado de manera "entusiasta" el PSOE y Ciudadanos, y agradeció que Podemos se haya desmarcado del "pensamiento único" contra el referéndum.

También la diputada de la CUP Eulàlia Reguant acusó al Gobierno de estar suspendiendo la autonomía de Cataluña "por la puerta de atrás" al intervenir las finanzas de la Generalitat.

Control judicial

El Govern presentó ayer ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno de intervenir sus cuentas y pidió la suspensión de la medida. Sin embargo, el Supremo no se pronunciará en los próximos días, al no haber solicitado el Govern medidas cautelarísimas. Es obligado dar traslado a las partes para que presenten alegaciones y que, en el caso de la parte demandada -la Abogacía del Estado- ese plazo es 10 días.

Por otro lado, la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto actuaciones previas de investigación para averiguar si se ha producido un acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del censo electoral catalán para el 1-O. La Agencia subrayó "la ausencia de base legal" para crear el censo con datos fiscales, médicos, de elecciones pasadas, de padrones, la Seguridad Social o de la relación de catalanes en el exterior.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado investigar a los presidentes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por un delito de desobediencia y descartar los de prevaricación y malversación. Por su parte, la Fiscalía tomará declaración a partir de hoy a los alcaldes partidarios de facilitar locales para el referéndum del 1-O.

Mientras, el Govern publicó ayer en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya(DOGC) la suspensión cautelar de la ley del referéndum dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 7 de septiembre.

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