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El Gobierno no dará ni un euro a los etarras asesinos de la T4: lo descontará de la que ellos deben pagar por sus crímenes
(Foto: EP)

El Gobierno no dará ni un euro a los etarras asesinos de la T4: lo descontará de la que ellos deben pagar por sus crímenes

miércoles 14 de febrero de 2018, 09:05h

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, destacó que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dice que "no ha habido torturas", sino otro tipo de situaciones que "justifican las indemnizaciones". Catalá explicó en los pasillos del Congreso que el Tribunal atribuye al Estado español la "responsabilidad pecuniaria" por los malos tratos recibido por los etarras y que esa cuantía (unos 50.000 euros) se descontará "de la que ellos tienen pendiente por los gravísimos asesinatos que cometieron".

El portavoz del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, dijo que su partido "respeta y acata" pero "no comparte en absoluto" la sentencia.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, aseguró que España debería tomarse en serio los "tirones de oreja" de la UE ya que no es la primera vez que se condena al Gobierno español "por torturas".

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, calificó de "histórica" la sentencia y exigió que se revisen "todas las sentencias condenatorias basadas en la práctica de la tortura".

La portavoz de Podemos, Irene Montero, confesó sentirse "avergonzada" por el hecho de que España haya sido condenada por "incumplir de manera flagrante los derechos humanos".

Según el fallo del Tribunal de Estrasburgo, las lesiones están "suficientemente demostradas", se produjeron cuando "estaban en manos de la Guardia Civil" y su existencia "no ha sido negada ni por el Tribunal Supremo ni por el Gobierno", por lo que "la responsabilidad de las lesiones debe ser imputada al Estado".

El Tribunal considera que los hechos no deben ser calificados como torturas, pero "sí que son lo suficientemente graves como para ser considerados tratos inhumanos y degradantes". Tres jueces suscribieron un voto particular en el que sostienen que los hechos sí deben ser calificados como torturas.

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