Volvemos a las polémicas de viejos tiempos con el tema de los controvertidos indultos que puede conceder el Gobierno. Ya en tiempos de Zapatero hubo varios que fueron realmente sonados, como el del ex vicepresidente de Banco Santander, Alfredo Sáenz. Después, en el primer Gobierno Rajoy, se indultó a un guardia civil que grabó una agresión sexual con su móvil, al director de un banco que estafó 30.000 euros a un cliente, a un conductor kamikaze condenado por matar a 3 jóvenes...
Pues bien, ahora parece que volvemos por estos fueros. Según revelan algunos medios como eldiario.es, el Gobierno ha indultado esta vez a un promotor de viviendas que estafó a varias familias vendiendo casas que nunca llegó a construir ni tenía plantes para ello. Se conoció oficialmente esta semana al publicarse en el BOE, y concreta que se refiere a José Manuel Magdaleno Hernández, un promotor inmobiliario que pedía adelantos para la compra de las viviendas en urbanizaciones pero sin tener nunca planes de construcción.
Su condena se remonta a 2012: la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife le sentenció a 3 años y 6 meses de prisión, a devolver el dinero estafado y a pagar indemnizaciones, pero ahora ha sido indultado sin causa justificada ya que aún no ha pagado a las víctimas de la estafa.
Tal y como recuerda 'Civio', en todo 2016 el Gobierno de Rajoy concedió un total de 27 indultos. El único que gozó de 'buena prensa' fue el concedido a María Salmerón, la mujer víctima de maltrato que mató a su ex pareja en defensa propia pero que había sido condenada por asesinato. Pero ni siquiera en este indulto hubo un éxito popular ya que no se la perdonó totalmente.
Historia de los indultos
La Ley que establece las reglas para el ejercicio de la Gracia del indulto data del 18 de junio de 1870 y fue aprobada bajo el breve reinado de Amadeo I de Saboya por el entonces ministro de Justicia Eugenio Montero. Se trata de una breve norma con una treintena de artículos que fue parcialmente modificada en 1988 durante la presidencia de Felipe González.
El propio Tribunal Supremo reconoció que la prerrogativa de indulto supone una "intromisión" del poder ejecutivo en los resultados de un proceso penal, seguido con todas las garantías y en el cual se ha impuesto la pena prevista en la ley.
El Gobierno de Rajoy ya dijo en la anterior legislatura que se planteaba reformar la Ley de Indulto, dado que sólo concede en torno a un 7% de las peticiones que le solicitan, las mismas que se han registrado en los últimos años.
La Constitución Española encomienda al Rey el ejercicio del derecho de gracia, aunque le prohíbe autorizar indultos generales ni aplicarlo para perdonar la responsabilidad criminal en la que incurran los miembros del Gobierno. Además, prohíbe a los ciudadanos pedir la modificación de esta materia a través de la iniciativa legislativa popular, amparada con un mínimo de 500.000 firmas acreditadas.
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