El Gobierno tuvo que rectificar tras las quejas por no defender al juez Llarena

El Gobierno anunció ayer que ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española, "en la que está inmerso el juez Llarena", en la demanda presentada en Bélgica contra el magistrado del Supremo por Carles Puigdemont y otros 4 ex consejeros huidos investigados por el procés.

Uno de esos mecanismos, según el Ejecutivo, es "la contratación de un despacho de abogados de ese país", algo que espera culminar "en breve". El Ejecutivo responde así a la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales que pidieron el pasado viernes que el Gobierno asumiera la defensa de Llarena, tras acusarle de "dejación de funciones".

Según destaca el diario 'El País', la presión de jueces, fiscales y oposición ha forzado a La Moncloa a salir en defensa del juez Llarena. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, añade el diario, decidió, finalmente, que se actuara contratando un despacho de abogados en Bélgica, aunque Justicia rechazaba asumir los actos privados que la demanda atribuye al juez del Supremo.

Por su parte, 'El Mundo', destaca que "el Gobierno defenderá a Llarena tras afirmar que no lo haría en ningún caso". En la misma línea, ABC subraya: "La presión de jueces y fiscales y disensiones dentro del Ejecutivo provocan un nuevo volantazo en los tres meses de gobierno de Sánchez".

"El Gobierno ya busca abogado para Llarena en Bruselas", dice LA VANGUARDIA en su portada, para añadir que "el Ejecutivo reacciona tras las críticas de jueces y fiscales". EL PERIÓDICO, por último, destaca en su portada: "Sánchez asume ahora la defensa de Llarena. El Gobierno cede ante la presión de jueces, fiscales y oposición, y protegerá al magistrado".

PP y Ciudadanos, partidos que anunciaron peticiones de comparecencia parlamentarias, también se sumaron a esas críticas. Según el comunicado emitido, el Gobierno defiende que su respuesta siempre ha sido "positiva" y que ha actuado "con total diligencia en este asunto" y "en los términos trasladados por el Poder Judicial". "De manera inmediata", dice el Ejecutivo, "el Ministerio de Justicia puso la petición de amparo del juez Llarena en manos de la Abogacía del Estado para poder contratar los servicios de un despacho de abogados que represente al Reino de España ante los tribunales belgas". Ante este comunicado del Gobierno, el líder del PP, Pablo Casado, "lamentó los bandazos y la incompetencia del Ejecutivo".