Primera sentencia contra Granados del 'caso Púnica': 2 años de cárcel por el caso del 'chivatazo'

La Audiencia Nacional ha condenado a 2 años de cárcel al ex consejero de Presidencia e Interior madrileño Francisco Granados y al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y a un año y 6 meses al agente de este Cuerpo en excedencia José Luis Caro Vinagre por la filtración de la investigación de la denominada “Operación Púnica”, lo que produjo un “intenso” daño tanto a la causa pública como al esclarecimiento de los hechos y sus autores y permitió a los investigados la destrucción de pruebas y la ocultación de dinero.

En una sentencia, con voto particular concurrente del magistrado Nicolás Poveda, los magistrados de la Sección Primera condenan a Granados y a Caro Vinagre como autores de un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público y a Talamino por uno de violación de secreto agravado. Además, a este último se le impone una pena de 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Los magistrados explican que el guardia civil Rodríguez Talamino (experto en medios tecnológicos de seguimiento), el 5 septiembre de 2014, alertó a Granados durante las fiestas de Valdemoro de que la UCO estaba actuando en Pinto y vigilaba la sede de Éboli, donde se encontraba el despacho de David Marjaliza. La tarde del día 6, a requerimiento de Granados, el agente en excedencia Caro Vinagre (contratado como asesor de seguridad por la Comunidad de Madrid en la etapa de Granados como consejero de Interior), buscó a Rodríguez Talamino y se entrevistó con él para obtener más información. Este le confirmó que el Grupo de Delitos contra la Administración había puesto un dispositivo de captación de imágenes en la puerta del despacho de Marjaliza, que él mismo había preparado, para grabar a quienes acudieran a verle y “acreditar el pago de comisiones”. Tras ello, Caro Vinagre le trasladó a Granados la nueva información y le explicó que ese cuerpo policial se dedicaba a indagar sobre delitos de corrupción.

Una vez Granados supo que estaba siendo investigado por corrupción, dice la resolución, le pidió a Marjaliza que destruyera la documentación que le relacionaba con sus negocios. A continuación, Marjaliza ordenó a un subalterno que se deshiciera de los documentos que seleccionó, entre ellos facturas de regalos y presentes, el organigrama de sociedades y testaferros y los contratos en cuya adjudicación había mediado. Además, ocultó el dinero en metálico que guardaba en su caja fuerte, mientras que Granados escondió el dinero que conservaba en su domicilio, siendo descubierto en casa de sus suegros, oculto en un armario, un maletín con 922.000 euros en billetes de 500, 200 y 100.

A raíz de la filtración, “los investigados cambiaron sus conductas al saberse seguidos, dejaron de utilizar los teléfonos y cuando lo hacían, hablaban poco, dificultando las pesquisas sobre sus negocios. Además, se hizo imposible la recuperación de parte del dinero que procedía de las adjudicaciones de obras y servicios y de la retribución a autoridades locales y autonómicas”, afirma el Tribunal.

Respecto de la concreta actuación del guardia Rodríguez Talamino, señala la Sala que se encuadra dentro del tipo agravado, dado que la información revelada produjo “un intenso daño a la causa pública” y al “esclarecimiento de los delitos e identificación de sus autores y partícipes”.

También consideran los jueces el tipo agravado de aprovechamiento de secreto en el caso de Granados y Caro Vinagre, si bien la pena es mayor en el caso del primero por aprovecharse personalmente de la información secreta, mientras que el segundo lo hizo para facilitarle ventaja procesal e impunidad al otro. También tiene en cuenta las especiales responsabilidades que había desempeñado Granados como consejero de Interior y Justicia, y tratarse de un personaje público que había desempeñado cargos electivos a nivel municipal, autonómico y estatal, circunstancias personales que requieren “de un especial reproche a su conducta”.

En un voto particular concurrente, el magistrado Nicolás Poveda se muestra conforme con las penas impuestas en la sentencia, si bien discrepa de los hechos probados y del contenido de la fundamentación. En su opinión, el testimonio como testigos de David Marjaliza y su secretaria Ana Ramírez respecto de la destrucción de la documentación no está acreditado. Añade que en la declaración de ambos en el juicio existen numerosas contradicciones con la realidad, “siendo significativo que aquellas que les pudieran afectar de cara al proceso principal son negadas o desvirtuadas y las que afectan a otros acusados confirmadas pero por lo visto no acordes con la realidad”. Por ello, entiendo este magistrado que la falta de verosimilitud de sus declaraciones impide que puedan ser prueba de cargo, ya que es el elemento objetivo del tipo la importancia del daño a la Administración. Así, entiende que no deben constar en la sentencia como hecho probado ni servir de base probatoria de cargo.

Advierte, además, de que la relación de hechos probados en este enjuiciamiento podría afectar al contenido de la valoración de las pruebas en la causa principal.

El juicio, que se celebró en 3 vistas a mediados de noviembre, fue el primero de los procesos judiciales de la trama Púnica.