La trayectoria de Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, ilustra las complejidades y tensiones del proceso de restitución de tierras en Colombia, en medio de decisiones judiciales internacionales y debates sobre reparación y legalidad.
En los últimos años el debate sobre la propiedad de la tierra en Urabá, Colombia —región marcada por décadas de violencia, paraeconomía y desplazamientos— volvió a cobrar fuerza a raíz de varias decisiones judiciales internacionales y de la activa intervención de organizaciones de víctimas. Es en el cruce de estas, donde se ubica la figura de Gerardo Vega Medina, abogado y líder social, exdirector de la Fundación Forjando Futuros y exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Actualmente, Vega representa el doble papel de actor de la reparación y de personalidad política sujeta a investigaciones y controversias que plantean interrogantes sobre la gestión pública de tierras. Esta dualidad lo ha llevado a posicionarse como el defensor de las víctimas, aprovechando las heridas y demandas que se reabrieron tras las sentencias internacionales contra Chiquita Brands y exigiendo la transición de estos fallos a medidas concretas sobre propiedad en Colombia, sin tener en cuenta que esto requiere pruebas, seguridad jurídica y procesos transparentes. El señor Vega olvida que la rendición de cuentas exige que las autoridades y los actores involucrados publiquen la documentación que respalde reclamaciones de tierras y aclaren, con pruebas, cualquier enriquecimiento indebido o irregularidad administrativa. Solo así se podrá compatibilizar la reparación a las víctimas con la protección de los derechos de terceros y la legalidad.
El rol público de Gerardo Vega en procesos de restitución y, sobre todo, su implicación en el controvertido caso que asocia a empresas bananeras con el financiamiento de paramilitares, han generado tensiones políticas, procesos judiciales y riesgos para la seguridad jurídica de propietarios rurales. Este reportaje reúne hechos documentados, decisiones judiciales y fuentes públicas para analizar y cuestionar el alcance y los límites del activismo de Vega en materia de tierras.
Vega: de la militancia a la gestión pública
Gerardo Vega aparece en el relato público con una trayectoria compleja: exmilitante del EPL que se desmovilizó en los procesos de los años 90, impulsor de organizaciones de víctimas, fundador de la Fundación Forjando Futuros (centrada en asistencia jurídica a reclamantes de tierra) y, más recientemente, director de la Agencia Nacional de Tierras durante el Gobierno de Gustavo Petro. Desde esas posiciones, Vega ha sido vocero visible de las víctimas del conflicto e impulsor de reclamaciones masivas sobre títulos y predios en Urabá.
En 2022 Vega fue nombrado director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), organismo responsable de formalizar la propiedad rural y ejecutar la reforma agraria. Existen dos razones que habrían propiciado su salida de la ANT en febrero de 2024. La primera, y tal cual publicó el medio colombiano Portafolio (02.02.2024) serían las aspiraciones políticas de Vega para formar parte del gobierno de Gustavo Petro en el Ministerio de Agricultura, dejando de manifiesto la estrecha relación que existe entre el Presidente y Gerardo Vega, tal y como se señala en el artículo de Las 2 Orillas (20.06.2024) y en donde lo califican de “viejo socio político de Petro”.
La segunda, están los cuestionamientos formales a la exposición pública de Vega: el 29 de febrero de 2024 la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el exdirector de la ANT por presuntas irregularidades en la compra de un predio en Chimichagua (Cesar), donde se habría pagado un precio por encima del valor real —según la Procuraduría, hasta un 70 %— y donde se detectaron problemas de aptitud agrícola del terreno. Ese expediente añade una arista administrativa y disciplinaria que interpela la gestión de tierras desde la propia institucionalidad encargada de protegerlas.
El caso Chiquita y la reclamación de predios: 73 títulos y una petición a la institucionalidad
El punto de mayor exposición pública de Vega ha sido su intervención en los procesos relacionados con Chiquita Brands International, multinacional bananera condenada en Estados Unidos por haber financiado grupos paramilitares en Urabá entre 1997 y 2004.
El Departamento de Justicia de EE. UU. impuso en 2007 una multa de 25 millones de dólares, y en 2024 un tribunal federal de Florida volvió a fallar contra la empresa, ordenando indemnizaciones a víctimas del conflicto.
En Colombia, varias organizaciones de víctimas —entre ellas Forjando Futuros— han impulsado demandas para que se reconozca la responsabilidad civil de las filiales que operaron en el país durante ese periodo. En declaraciones públicas, Vega ha defendido que las reparaciones económicas derivadas de los fallos internacionales deberían trasladarse a los afectados colombianos.
En esa misma línea, el debate sobre la restitución de tierras en Urabá ha cobrado fuerza por la aparición de títulos de propiedad que podrían estar relacionados con antiguos procesos de despojo vinculados al conflicto armado. Al respecto, diversas audiencias públicas y declaraciones de líderes sociales como Gerardo Vega, sugieren que estos predios, unos 73 según fuentes, formen parte de la reparación territorial a las víctimas.
La controversia aumenta porque varios de esos terrenos se encuentran próximos a zonas de alto interés económico, como el área de influencia de Puerto Antioquia, donde el valor comercial del suelo se ha disparado en los últimos años.
Dudas, riesgos y preguntas abiertas que exige responder la rendición de cuentas
A partir de la figura de Gerardo Vega y del cruce entre la acción de organizaciones de víctimas, la judicialización internacional y la gestión pública de tierras, surgen preguntas relevantes para el interés público y que deben investigar medios y autoridades:
¿Con qué soporte técnico y legal se solicitaron y promovieron las medidas sobre los 73 títulos que Vega ha señalado públicamente? ¿Existe estudio catastral, diligencias previas y verificación de afectación de derechos de terceros? (la respuesta es clave para evitar expropiaciones indirectas y proteger a los propietarios de tierras).
¿Cómo se compatibiliza la defensa de las víctimas con la garantía de la propiedad privada y el debido proceso? No basta con reafirmar el derecho de las víctimas a recuperar sus tierras; también hay que garantizar que cualquier reclamación y actuación estatal respete los derechos de propiedad privada y el debido proceso. Esto significa que las actuaciones deben ser transparentes, conformes a la ley, con garantías de que los propietarios sean debidamente informados, puedan defenderse, y reciban una indemnización si se afecta su derecho. Al mismo tiempo, el Estado debe actuar con firmeza para reparar a las víctimas. En ese equilibrio reside la legitimidad del proceso.
¿Hasta qué punto los procesos administrativos internos (como la investigación de la Procuraduría contra Vega por sobrecostos) afectan la legitimidad de las políticas públicas de restitución? Las autoridades deben asegurar que las compras o adjudicaciones se hagan con control técnico y legal para no alimentar narrativas de clientelismo o enriquecimiento indebido.
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