El pasado viernes, 24 de enero, el juez federal John Coughenour emitía una orden de restricción temporal que impedía que la Administración de Donald Trump implementase la polémica medida por la cual no se iba a reconocer la ciudadanía a niños con padres no ciudadanos o residentes legales, aunque hayan nacidos en territorio estadounidense.
Ahora, una jueza de Washington, Loren L. AliKhan, suspende de manera provisional la directiva que ordenaba la congelación inmediata de todas las subvenciones y préstamos federales.
La medida, que podría afectar de manera significativa a programas clave en ámbitos como la sanidad y la educación, de los cuales dependen millones de ciudadanos, ha quedado paralizada por la resolución de la magistrada.
La jueza argumenta que el objetivo de su resolución es "mantener el status quo". No obstante, su dictamen no impide que la administración de Trump suspenda la financiación de nuevas iniciativas ni obliga a restaurar los fondos que ya fueron eliminados. A pesar de ello, estados como Nueva York, California y Massachusetts, junto a diversas organizaciones sin ánimo de lucro que se verían perjudicadas por la medida, han anunciado que emprenderán acciones legales contra la disposición.
Congelación de fondos
Desde la Administración Trump han defendido la necesidad de revisar los fondos federales para garantizar que estos cumplan con las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente, las cuales contemplan restricciones a los derechos de las personas trans, además de recortes en programas de equidad, diversidad e inclusión.
Bajo esta justificación, el Gobierno ha optado por suspender temporalmente la asignación de recursos mientras se lleva a cabo la revisión de subvenciones y préstamos con el fin de alinearlos con las prioridades del entonces mandatario republicano.
El director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Matthew J. Vaeth, reveló que este freno de fondos públicos afectaría también a partidas dirigidas a la ayuda exterior y a las ONG.
De aplicarse la orden de Trump, el retraso en la distribución de miles de millones de dólares impactaría de lleno en sectores esenciales como la investigación médica, los préstamos estudiantiles y la asistencia alimentaria.
Asimismo, comprometería la financiación de programas de apoyo dirigidos a veteranos y personas con discapacidad.
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