El Gobierno actual, por medio del Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy, vuelve una vez más a la carga con un nuevo cambio normativo relativo a los juegos de azar online. No es ningún secreto que el ministro Pablo Bustinduy pretende recuperar las secciones de la antigua “Ley Garzón” por todos los medios posibles, y por el camino parece dispuesto a modificar cualquier ley o Real Decreto relacionado con el juego.
Bustinduy y sus problemas con el juego
La intención de Bustinduy es la de volver a incluir las restricciones a la publicidad anuladas por el Tribunal Supremo en 2024. Para ello, su primera actuación fue la de registrar la enmienda 176 al Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela, una ley que, aparentemente, poco tiene que ver con los juegos de azar online, y que volvería a incluir esas medidas restrictivas, esta vez con rango de ley.
Antes ya había intentado hacer lo propio mediante una modificación de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, otra normativa con una relación, como mucho, transversal con el iGaming, pero no logró su objetivo.
En marzo de 2023 entraron en vigor los artículos contemplados en el Real Decreto 176/2023, de 14 de marzo, por el que se desarrollan entornos más seguros de juego. Entre ellos, medidas que prohíben el uso de tarjetas de crédito a los jugadores considerados de riesgo, la obligatoriedad de fijar límites de sesión (en tiempo y dinero) antes de empezar a jugar, o la prohibición de utilizar mensajes engañosos como “casi acertaste” o “estuviste cerca”.
En octubre de 2025, Bustinduy anunció que iba a desarrollar el Real Decreto 958/2020, la “Ley Garzón” aprobada hace cinco años, para hacer que los operadores incluyan diversos mensajes que adviertan de los peligros del juego compulsivo, a semejanza de los que llevan años apareciendo en las cajetillas de tabaco.
El Real Decreto que modifica el Real Decreto 1614/2011
En un nuevo intento de controlar lo máximo posible el juego online, el Ministerio de Consumo lanzó hacia finales de 2025 un proyecto normativo para modificar el RD 1614/201, que ya se ha notificado a la Comisión Europea y que pretende introducir un sistema centralizado de control del gasto, entre otras cosas.
Esta reforma parte de una preocupación por la protección del consumidor. Según el texto enviado por el Gobierno al Sistema de Información sobre Reglamentaciones Técnicas (TRIS) de la Comisión Europea, el principal aspecto en el que se centra este proyecto tiene que ver con los límites de depósito.
Cambios en el sistema de límites
Resulta curioso comprobar, de inicio, que esta versión del Proyecto de Real Decreto aumenta la cantidad de estos límites máximos: de los 600 actuales por día pasamos a 750; de 1.500 semanales a 1.750; y de 3.000 mensuales se pasa a 3.300 cada cuatro semanas.
Uno diría que este aumento de los límites máximos no favorece precisamente el juego responsable. Sin embargo, la principal diferencia es que este nuevo sistema no se aplicará por operador, sino que obligará a los jugadores a establecer un límite único para todos sus depósitos en todas las plataformas en las que tengan una cuenta activa.
Así, se acabó el depositar 300€ en un casino online, 500€ en otro y 200€ en un tercero en un solo día. Aún está por ver qué consecuencias reales tendrá esta limitación para los operadores y el sector del iGaming en su conjunto, aunque se podría aventurar cuáles van a sufrir menos estas restricciones: los casinos online con depósito mínimo de 1€ seguramente se preocuparán menos que otros.
Consecuencias previstas
Según el texto del proyecto, las autonomías no sufrirán ningún cambio en sus leyes de juego propias, ya que la reforma se limita al ámbito estatal. Sin embargo, sí que hay unas cuantas consecuencias previstas para los operadores, el sector del juego y la propia Administración.
Operadores
Las casas de apuestas y casinos online tendrán, en primer lugar, que adaptar su infraestructura para integrarse tecnológicamente con la plataforma centralizada de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Esta integración implica que los operadores tendrán que consultar cada intento de depósito y recibir respuesta en tiempo real.
Una de las principales quejas de los operadores que se recibieron en las consultas previas hacía referencia al elevado coste de implantación. Concretamente, la DGOJ estima que la adaptación e integración del sistema costará unos 5.400€ por operador, algo que el Gobierno considera proporcionado y necesario para cumplir el objetivo de proteger al jugador.
El mercado
Aunque el impacto macro no se estima significativo, la reforma podría tener efectos perniciosos sobre el mercado en lo relativo a un proceso de distorsión de la competencia: los grandes operadores podrían salir beneficiados en detrimento d ellos casinos online nuevos o de menos renombre, que verían peligrar su cuota de mercado.
Esto podría también causar también una concentración de usuarios en unas pocas plataformas de confianza, lo que podría hacer posible la creación de grandes monopolios del juego
La Administración
Finalmente, la Administración tendrá un mayor control en tiempo real, pero también deberá ser capaz de dar respuesta a las consultas y solicitudes de los operadores con mucha agilidad. Para ello, tendrá que desplegar y mantener un sistema centralizado que aumente la protección de los usuarios, lo que tampoco va a ser fácil.
El Proyecto de Real Decreto estará en proceso de revisión por el TRIS hasta el 20 de enero de 2026. A partir de esa fecha, la Comisión u otros estados miembros podrán incluir observaciones, y el Gobierno estaría ya en disposición de aprobarlo.
