Como se esperaba, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena podría ampliar la nómina de imputados por el proceso soberanista que dio lugar a varios presuntos delitos de rebelión y sedición con la organización del referéndum catalán del 1 de octubre.
El juez ha dictado una providencia en la que solicita a la Guardia Civil, como policía judicial actuante, la práctica de determinadas diligencias para determinar la posible responsabilidad de los investigados, así como la posible participación de otras personas, en los hechos que se investigan en el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición prevaricación o malversación de caudales públicos.
En concreto, solicita al grupo de policía judicial actuante que practique diligencias tendentes a esclarecer y justificar si hubo un eventual concierto inicial entre los partidos políticos CDC, ERC y las asociaciones ANC y Omnium, así como la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) y que hayan podido estar orientados a compartir una estrategia para lograr la independencia de Cataluña. Del mismo modo, el magistrado pregunta si algunas de estas entidades han sufragado algunas de las actuaciones acordadas por algunos de estos partidos políticos.
El magistrado pretende que la Guardia Civil recabe los elementos objetivos que puedan existir que indiquen que estos partidos políticos y asociaciones o cualquiera de sus principales integrantes impulsaron, sostuvieron o conocieron sin alterar después sus planes las movilizaciones sociales que se llevaron a cabo como instrumento para lograr o facilitar la declaración de independencia.
El juez reclama también a la Guardia Civil un informe individualizado y secuencial sobre los distintos actos de agresión, daño, así como de grave resistencia o amedrantamiento sufridos en Cataluña con ocasión del proceso secesionista, principalmente los días 20 y 21 de septiembre, 1 de octubre, 3 de octubre y 8 de noviembre, para esclarecer la participación de cada uno de los investigados. Además, pide a la Guardia Civil un informe sobre las actuaciones concretas desarrolladas por los llamados “ Comité de Defensa del Referéndum” y “ Comité de Defensa de la República” y por sus responsables, así como un informe sobre los integrantes del Comité Estratégico definido en el documento “ Enfocats”.
En la misma providencia, el juez solicita otro informe sobre los fondos públicos de los que se haya podido disponer para iniciativas administrativas que hubieran sido anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero, u otras semejantes.
El magistrado reclama también al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona diversas actuaciones practicadas en relación con el proceso secesionista y que puedan resultar de interés para la causa especial que investiga por los delitos de rebelión, sedición, prevaricación o malversación de caudales públicos contra los miembros de la mesa del Parlament, los exconsellers y los representantes de ANC y Ómnium.
Anna Gabriel o Marta Rovira, las posibles nuevas imputadas
Según informa el diario 'La Razón' este lunes, el proceso judicial del Tribunal Supremo podría ampliarse incluyendo a nuevos nombres como el de la dirigente de la CUP Anna Gabriel. Ella, entre otros, queda señalada como una de las cabecillas de la estrategia independentista para golpear al Estado.
Una de las últimas señaladas y que podría ser también imputada sería la número dos de ERC, Marta Rovira, hoy por hoy la cabeza visible de la lista electoral republicana ante la situación de prisión preventiva de Oriol Junqueras.
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