Mas da marcha atrás para no ir a juicio por el 9-N: alega que no quiso "sustituir la figura del referéndum, que corresponde al Estado"

El proceso del 9N no pretendió utilizar ni el procedimiento ni las garantías electorales, ni se dirigió al censo electoral, y no pretendió obtener un mandato democrático a través de su organización", argumenta su escrito ante el tribunal que mantiene acusados a Mas, a la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y a la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau.

La defensa del expresidente recuerda en su escrito que la Generalitat tiene "competencia exclusiva" en materia de procesos participativos y consultas populares, y que no se pretendió sustituir con él la figura del referéndum.

La desobediencia

El juez concluyó al finalizar la instrucción del caso que Mas conocía desde el mismo 4 noviembre de 2014 la providencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenaba la suspensión de la convocatoria porque se le comunicó personalmente y, pese a ello, se negó "abiertamente" a dar cumplimiento a este mandato. El tribunal no se cree la justificación de Mas, Ortega y Rigau de que tras la providencia del TC dejaron el proceso en manos de voluntarios y considera que de manera encubierta mantuvieron el control y la dirección del mismo.

La opinión de la defensa de Mas es exactamente la contraria y alega que el Govern "interrumpió efectivamente la organización y gestión de dicho proceso" a partir de la decisión del Tribunal Constitucional. "Otra cosa es la puesta a disposición de los ciudadanos de determinados medios públicos para llevar a cabo un proceso de índole participativa, que forma parte de una lícita y plausible acción política, propia de una sociedad que pretende ser democrática", reivindica su escrito.

El abogado también descarta que Mas haya desobedecido al TC porque cree que la providencia del 4 de noviembre no era un "mandato expreso, concreto y terminante" que jurisprudencialmente se exige para atribuirle este delito, y ha recordado que este fue el motivo por el que la Fiscalía Superior de Catalunya, en un primer momento, se opuso a querellarse contra él.

"No ha habido un mandato expreso ni requerimiento individualizado (...) y, por consiguiente, no se ha cometido delito de desobediencia por el M.H.Artur Mas i Gavarró, pues no puede desobedecer lo que no es requerido", añade el escrito.

La prevaricación

Sobre la presunta prevaricación por la que está siendo investigado, el abogado de Mas dice que "no existen ni siquiera atisbos" de haber cometido este delito porque cree que la aprobación del gasto para el proceso de participación se hizo de forma justificada y amparado por la legislación vigente. "Las partidas de dinero se aplicaron correctamente y los pagos se comprometieron con anterioridad a la providencia del TC", añade el escrito, que incide a que, en todo caso, no fueron destinados a satisfacer las pretensiones particulares de Mas ni a un uso privado.

Considera que fue al contrario: "Se emplearon bajo la cobertura legal para la protección, desarrollo y reforzamiento de las instituciones y autogobierno de Cataluña, en ejecución de una competencia que es propia de la Generalitat y en beneficio de la participación política de sus ciudadanos", concluye el escrito.