La dama de los ojos vendados

Hay problemas cuya dificultad de solución nace no de raras complejidades, sino precisamente de lo contrario, de lo sencillos que son. Es el caso de lo sucedido en el trámite cuya falta o retraso permitió que el asesino de la pobre niña Mari Luz estuviera en libertad y en condiciones de cometer el espantoso crimen. La habilidad de los políticos para eludir responsabilidades y, perdónese en este caso la terrible exactitud de la popular expresión, “quitarse el muerto de encima”, ha concluido en el tremendo y bien justificado espectáculo de protestas y huelgas generalizadas por parte de magistrados, jueces y personal de la administración de Justicia.

Vienen esas protestas de sendas sanciones, la primera, una multa, pequeña en su cuantía pero terriblemente injusta, a un juez que vive y trabaja desbordado, como tantos otros por toda nuestra geografía, por la enorme acumulación de procedimientos, en medio de una patética carencia de recursos humanos y materiales, y la otra, quizá más discutible pero en todo caso excesiva, a una secretaria judicial cuyo castigo no busca sino exonerar a los verdaderos culpables, es decir, a las autoridades estatales y autonómicas que deben dotar de medios al sistema judicial, y cuya cicatería al respecto, que contrasta con el habitual despilfarro con que nutren actividades políticas mucho menos trascendentes para los ciudadanos, mantiene no pocas dependencias judiciales casi como caricaturas de la inolvidable “oficina siniestra” de La Codorniz.

Cuando la Constitución de 1978 estableció, muy acertadamente, la separación de poderes, determinó que “la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Es de sentido común que, una vez creado el órgano de gobierno del poder judicial, en concreto, el Consejo General del Poder Judicial, al mismo debieran haber sido trasferidos íntegramente los recursos materiales y personales y las competencias administrativas y presupuestarias sobre los mismos, lo que realmente hace superflua la existencia de un Ministerio de Justicia que sólo puede ser generador de ineficiencias y de riesgos de intromisión del poder político en el judicial.

Bien es cierto que, en este aspecto, todos los partidos han mostrado un comportamiento resistente a la pérdida de influencia en el espacio de la administración de Justicia. Ya en los lejanos tiempos de gobiernos de UCD, fue el entonces ministro de Interior, Juan José Rosón, el que hizo todo lo posible, incluso con advertencias policiales, por “atar corto” a aquellos dignos magistrados, de muy diferentes tonalidades ideológicas, que con el inolvidable Federico Sáinz de Robles al timón del Consejo General del Poder Judicial querían hacer real, en el terreno de la Justicia, lo que la Constitución había proclamado.

No muchos años después, la injerencia del poder político en el poder judicial, por la doble vía de los nombramientos y del férreo control de los recursos materiales y personales para la administración de justicia, obligó a un gran magistrado a recordar públicamente, en memorable ocasión, el esclarecedor encargo del Zar Iván a su embajador: “Ve y dile a la Reina de Inglaterra que Iván controla las rutas comerciales entre oriente y occidente, que las abrirá a los amigos y las cerrará a los enemigos”. En España, el ministro de Justicia controla los recursos que los jueces y magistrados constitucionalmente independientes necesitan para ejercer su función, y los gobiernos de turno utilizan ese control tan implacablemente como advertía el Zar Iván. Sólo la extraordinaria calidad humana y profesional y la capacidad de esfuerzo de nuestros jueces y del personal a sus órdenes mantiene en España la independencia y la calidad de la Justicia.

Así que se equivoca el abrumado padre de la infortunada niña Mari Luz, cuando acude a dejarse fotografiar con políticos para pedirles que castiguen a un juez honesto, desbordado y por tanto completamente ajeno a lo sucedido, y a una dedicada funcionaria que, como sus compañeros en juzgados y tribunales, carece de los medios materiales y tecnológicos adecuados para el desempeño de su trabajo. Si el padre de Mari Luz quiere buscar responsables donde realmente están, debiera haber hecho exactamente lo contrario, acudir al Poder judicial en busca de las responsabilidades de las autoridades políticas que tienen a la administración de justicia en tan inaceptables condiciones carenciales, de personal, de medios y de modernización tecnológica, como para que un terrible psicópata, cargado de antecedentes, se moviera libremente por las calles y pudiera cometer el espantoso crimen.

Ya se, ya se que escribir la verdad no siempre es prudente y puede no ser bienvenido, pero ¿acaso hemos de guardar silencio y renunciar a la verdad porque, “ya apuntando la boca o ya la frente / silencio avises o amenaces miedo? / ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? / ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?” Si los ciudadanos queremos tener esa Justicia independiente, sometida sólo al imperio de la ley, que nuestra Constitución proclama, es imprescindible apartar, de la dama de ojos vendados. las manos de los políticos, de todos los políticos.

Tenemos en España excelentes y honestos jueces y magistrados, y tendremos excelentes y honestos funcionarios en las oficinas judiciales si estos funcionarios, y los medios y recursos que necesitan, pasan a depender exclusivamente del Consejo General del Poder Judicial. Lo escribiré desde la conciencia y con entera claridad: ¿Debe desaparecer el Ministerio de Justicia? Sí, así debiera ser. O reducirse el Gobierno, en este ámbito, a la estructura jurídica y funcionarial que necesita para elaborar proyectos legales, gestionar las prisiones, gobernar la Fiscalía y otros cuerpos necesarios para el buen orden y la seguridad jurídica, y poco más. La cuestión, ciertamente trascendental, del modo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial es tema poliédrico que exigirá otro comentario.