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Pozuelo de Alarcón recurre la anulación de parte de sus presupuestos de 2006

sábado 29 de noviembre de 2008, 17:58h
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón afirmó este sábado que ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula parte de los presupuestos municipales del año 2006 por incluir inversiones que, según este Tribunal, la Ley del Suelo no permite financiar con la venta de suelo público. La denuncia fue presentada por el Partido Socialista de la localidad.
Fuentes municipales señalaron que aunque el Ayuntamiento "respeta" la sentencia, "no la comparte" y  "por eso se recurre". "Consideramos que el Ayuntamiento ha actuado dentro de la jurisprudencia, al igual que lo hace la mayoría de los Ayuntamientos, entre ellos algunos de la Comunidad de Madrid gobernados por el PSOE. Salvando las diferencias, porque en el caso del Ayuntamiento de Pozuelo, las inversiones son de interés público e interés social. Cuando en otros consistorios gobernados por el Partido Socialista, las inversiones, cuyo capital procede de la venta de suelo público, son sólo de interés público (doce scooters, compra de centralitas telefónicas) pero no social", afirmaron.

Con todo ello, estas fuentes indicaron que el Gobierno de la Nación "debería plantearse" la modificación "sustancial" de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. "Si aplicamos el criterio que hasta el momento señala el Tribunal, los equipamientos dotacionales sólo podrían financiarse con subidas brutales de impuestos o con un endeudamiento desmesurado para el municipio", añadieron.

En el Consistorio aseguraron que los vecinos de Pozuelo "van a poder disfrutar" de las nuevas infraestructuras previstas en los presupuestos de 2006, como un centro cultural, una escuela musical de música y danza, la remodelación de las pistas de atletismo, parques y zonas verdes, y reposición del alcantarillado, entre otras. "Se trata de inversiones que imprimen al municipio una mayor calidad de vida", apostillaron.

Motivos del Ayuntamiento

Según estas fuentes, la sentencia del TSJM "no condena" al Ayuntamiento por haber destinado fondos provenientes del Patrimonio Municipal del Suelo a usos no reconocidos en el artículo 176 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad, sino por "no haber justificado suficientemente que las partidas financiadas son susceptibles de acogerse a lo dispuesto en dicho artículo".

"El artículo 176 de la Ley del Suelo obliga a invertir los fondos provenientes del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) en actuaciones declaradas de interés social o utilidad público. Por tanto, insisto en que todas las inversiones incluidas en el Presupuesto de 2006 se financiaron correctamente y conforme al artículo 176, acaso, un Centro Cultural, una Escuela Musical de Música y Danza, la remodelación de las pistas de atletismo, la remodelación de parques y zonas verdes, la reposición del alcantarillado, la Operación Asfalto, la reposición de pavimentación, la ejecución de rotondas, entre otras, ¿no son inversiones sociales y públicas?", aclaró el concejal de Hacienda, José María Mayo.

Para justificar estas afirmaciones el concejal puso como ejemplo al Ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernado por el Partido Socialista. Según Mayo, este Consistorio contempla para 2008, como "fruto de la enajenación de solares", inversiones como la "adquisición de scanner, paquetería, alarmas, compra de 55 pistolas, 12 scooters, compra de centralitas telefónicas, entre otras". Por ello, se preguntó que si "acaso son inversiones sociales".

"Este municipio, gobernado por socialistas, no sólo hace lo mismo que Pozuelo, financiar infraestructuras de interés público y social, sino que, además, obvia el artículo 176 de la Ley del Suelo", subrayó el edil de Hacienda. "Si para el PSOE de Pozuelo no es correcto utilizar el dinero procedente de la enajenación del PMS para financiar Escuelas musicales o Centros Culturales, ni tampoco les parece bien que recurramos al endeudamiento financiero, es porque su pretensión se basa, o bien, en la subida brutal de impuestos a los ciudadanos para construir y financiar los equipamientos, o bien, en la renuncia a llevarlos a cabo", concluyó Mayo.
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