Los planes de Bermejo

Es un lugar común afirmar que Mariano Fernández Bermejo es un mal ministro de Justicia. No nos parece del todo exacto: algo lenguaraz, quizá; un hombre que en ocasione se deja llevar por impulsos de su alma ‘roja’, puede. Pero no es un mal ministro de Justicia. Conoce el oficio y el sector, sabe perfectamente de qué pie cojean algunos en el colectivo judicial y ha detectado algunos problemas. Qué duda cabe de que muchos de los planteamientos más extremados de este colectivo tienen su base no en la falta de medios en los juzgados, sino en algunas decisiones del gobierno que vienen para 2009: modificaciones en el acceso a la carrera judicial –hoy, quizá demasiado endogámica--, cambios en el papel de los jueces decanos, disminución de las atribuciones de instrucción de los jueces a favor de los fiscales. Puede que estas reformas que están ya en el horizonte tengan mucho que ver con la ‘rebelión’ que se aprecia en la Intranet o con reacciones como la del juez decano de Córdoba que ha llegado a amenazar con reducir a la mitad los juicios que se celebren en la provincia andaluza bajo el peregrino argumento de: "Así reviente la cosa". Bonita frase para un juez... menudo ejemplo.

Y, aunque hayan faltado las necesarias consultas a las asociaciones profesionales –las grandes perdedoras en este conflicto, junto con los usuarios, desde luego—y se eche de menos un mayor grado de consenso, hay que reconocer que algunas reformas en el estatus judicial se van haciendo necesarias. Y no es del todo cierto que Bermejo haya decidido cambiar el régimen disciplinario de los jueces tras la decisión del Consejo del Poder Judicial, confirmando el trato benévolo al magistrado Tirado: según nuestras noticias, la mentada reforma ya estaba en marcha.

Otra cosa es el papel que está jugando en todo esto un Consejo del Poder Judicial liderado con mano demasiado blanda por Carlos Dívar, un hombre que fue bastante bien –aunque sin entusiasmo—recibido por todos. El CGPJ está convencido de que una huelga de los jueces sería ilegal y marcaría un hito peligroso: quienes deben aplicar las leyes no pueden interpretarlas en su propio beneficio, o saltárselas sin más. Y, aunque la polémica acerca de la legalidad o ilegalidad de esta huelga con la que amenazan algunos jueces siga abierta, parece escasamente conveniente airearla ahora.

Hace bien la oposición –al menos, hasta ahora—en no meterse demasiado en este avispero, en el que Fernández Bermejo se halla inmerso contra su voluntad y sorteando ataques de propios y contrarios. Aunque tantas veces no nos gusten los modos del ministro, hay que reconocerle firmeza en sus posiciones.