Corte Suprema rebaja penas a cinco represores por casos de desaparecidos

La Corte Suprema rebajó las penas aplicadas en primera y segunda instancia a cinco represores, entre ellos el jefe de la policía secreta de Augusto Pinochet, en el juicio por la desaparición de dos opositores en 1975, informaron fuentes judiciales.

El fallo, que es definitivo, se refiere al secuestro calificado de Carmen Díaz Daricarrere y Eugenio Iván Montti Cordero, miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenidos el 13 de febrero de ese año en Santiago por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Carmen Díaz estudiaba Enfermería en la Universidad de Chile y Montti tenía estudios completos de Ingeniería Mecánica en la Universidad Técnica del Estado y, según testimonios de supervivientes, fueron vistos en el centro de torturas "Villa Grimaldi", de la DINA, donde se perdió su rastro.

El pasado 21 de enero la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó en este juicio una condena a 15 años de prisión para el general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, y para los ex coroneles Marcelo Moren Brito y Rolf Wenderoth. Asimismo, sentenció a cinco años de prisión al ex brigadier Miguel Krasnoff y al ex suboficial Basclay Zapata.

No obstante, la II Sala Penal del máximo tribunal chileno acogió un recurso de la defensa y en un fallo dividido (3-2) redujo a siete años de prisión la sentencia del general Contreras; a cuatro años la de Moren y Wenderoth y a 541 días las de Krasnoff y Zapata.

Adicionalmente, favoreció a Moren y Wenderoth con el beneficio de la libertad vigilada y a Krasnoff y Zapata les remitió la sentencia a la obligación de firmar periódicamente en un tribunal.

Ninguno de ellos, sin embargo, podrá disfrutar en la práctica de esos beneficios, pues todos están en prisión cumpliendo condenas en otros procesos por violaciones a los derechos humanos.

Para el ex general Contreras, en tanto, la sentencia se suma a otras, que incluyen dos cadenas perpetuas y más de 200 años de prisión.

También en una decisión dividida (3-2) la Corte Suprema rechazó, en la parte civil del juicio, una indemnización pedida por los familiares de las víctimas al Estado.