El Banco de España ha admitido que retrasar la edad de jubilación no va a frenar el gasto en pensiones y no será una medida suficiente para mantener un sistema que actualmente supone "una de las partidas de gasto estructural más relevantes" y que, de cara a las siguientes décadas, tiene una clara tendencia al alza.
Así lo señala el Banco de España en su Informe Anual 2023, publicado este martes, donde saca una serie de retos de la economía española e indica que el sistema de pensiones necesita cambios. Así, señala que la efectividad de los incentivos para retrasar la edad de jubilación está sujeta a "a una incertidumbre muy elevada" y será necesario un horizonte temporal amplio para medir sus efectos. "Los análisis del Banco de España sugieren que es necesario que un porcentaje muy notable de trabajadores decidan posponer su edad de jubilación para lograr una contención significativa del gasto en pensiones", comenta el informe.
En concreto, la entidad estima que retrasar un año la edad de jubilación de todas las altas ordinarias entre 2022 y 2050 se traduciría en una reducción media de gasto en pensiones y PIB de entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales en dicho período.
El gasto en pensiones en 2023 llegó al 13,1% del PIB y se espera "un incremento sustancial" teniendo en cuenta la evolución demográfica de España, con una notable subida del peso poblacional de las personas de mayor edad.
Además, advierte de los riesgos que puede tener incrementar los ingresos aumentando cotizaciones sociales, como fija el sistema actual, y manifiesta que se pueden perder 50.000 empleos por cada punto de subida.
El peso de las jubilaciones demoradas sobre el total de altas de jubilación ha subido del 4,8% en 2021 al 8,1% en 2023, cuando pasaron de las 26.000, aunque Gavilán ha asegurado que es imposible saber cuántas personas se van a acoger a esta modalidad y cuánto tiempo.
Más trabajadores extranjeros para compensar el alza de jubilados
En esta cuestión entra en función un reto demográfico de cara a las próximas décadas: el impacto del envejecimiento de la población en el mercado laboral, un problema que se ve compensado por el fenómeno de la inmigración.
Según los cálculos de la entidad, España va a necesitar cerca de 25 millones de trabajadores extranjeros más en las próximas 3 décadas, hasta 2053, para impedir que se dispare la proporción de jubilados sobre la de personas que están en edad de trabajar.
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