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El Gobierno ha aumentado hasta el 57% el gasto en políticas sociales de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que comenzarán su tramitación parlamentaria la próxima semana, sin tener garantizada todavía su aprobación. En un año marcado por las citas electorales, el Ejecutivo ha diseñado unas cuentas con marcado carácter social, en las que la partida que más se incrementa es la de Dependencia, seguida de Vivienda e Infraestructuras. En total, el capítulo de gastos suma 472.660 millones de euros, un 5,1% más que en 2018.

Miles de personas volvieron a salir ayer a las calles de más de 70 ciudades españolas para exigir "pensiones dignas". Además de reclamar que las pensiones se revaloricen anualmente conforme al incremento del IPC, los manifestantes piden que la pensión mínima alcance los 1.080 euros mensuales, tal y como establece la Carta Social Europea.

Todos los grupos parlamentarios, excepto ERC, han alcanzado un acuerdo en el Pacto de Toledo, según el cual las pensiones se revalorizarán conforme al IPC. Los partidos responden por fin a la principal reivindicación de los pensionistas, que llevan desde principios de año movilizándose en defensa del sistema público.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree posible aprobar los PGE de 2019 mediante un acuerdo con Podemos, al que se podría sumar una mayoría suficiente en el Parlamento. No es tan optimista en cuanto a la posibilidad de aprobar un pacto en materia de pensiones por las discrepancias políticas.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha realizado una disposición de 3.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para el abono de la paga ordinaria y extraordinaria de las pensiones.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha asegurado que el Gobierno está trabajando en la modificación de la reforma laboral para garantizar el sistema público de pensiones y que para ello se tomará las medidas necesarias, incluido el planteamiento de nuevos impuestos como pudiera ser una tasa a la banca o a las transacciones financieras.

El Gobierno ha aprobado la concesión de un préstamo por importe de 10.192 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social, de los 7.500 se destinarán a la paga ordinaria y extraordinaria de julio a los pensionistas. Ante la falta de fondos suficientes en las arcas de la Seguridad Social, el Ejecutivo de Sánchez ha autorizado este préstamo para evitar tocar la llamada 'hucha de las pensiones'.