Por segundo año consecutivo, el Congreso de los Diputados ha rechazado el decreto ley que incorporaba la subida de las pensiones para el ejercicio 2026.
Los votos en contra de PP, Vox y Junts han bloqueado la norma, argumentando que el texto mezclaba la revalorización con otras medidas del "escudo social" que no comparten, específicamente la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional.
A pesar del rechazo parlamentario, el Ministerio de Seguridad Social ha confirmado que el cobro de las pensiones de enero, incluyendo la revalorización prevista, está totalmente asegurado.
Incertidumbre de cara a febrero
"La norma estaba vigente hasta hoy", aclaran desde el departamento que dirige Elma Saiz, enviando un mensaje de tranquilidad a los casi 10 millones de pensionistas afectados.
Sin embargo, el escenario para el mes de febrero es de incertidumbre y vacío legal. Al quedar derogado el decreto, las cuantías de jubilación volverían legalmente a los niveles del año pasado, dejando sin efecto la subida del 2,7% para las pensiones contributivas y los incrementos de entre el 7% y el 11% para el resto de prestaciones.
Otras medidas que decaen
El rechazo del decreto no solo afecta a las pensiones, sino que arrastra otras medidas clave que dejan de estar en vigor de forma inmediata:
- SMI: Cae la extensión de la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional de 2025.
- MEI: Queda en el aire el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el recargo sobre las nóminas destinado a llenar la "hucha de las pensiones".
- Desahucios: Decae la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, uno de los puntos de mayor fricción política.
Qué hará el Gobierno
Para solventar esta situación, el Gobierno ha anunciado que ya trabaja en la aprobación de un nuevo decreto antes de mediados de febrero.
Este nuevo texto deberá someterse nuevamente a votación en el Congreso para garantizar que la revalorización sea una realidad en la nómina del próximo mes.
Desde el Ministerio han calificado de "irresponsable" la actitud de los grupos que votaron en contra, afirmando que "tendrán que explicar por qué han decidido dejar en vilo a casi 10 millones de personas".
El Gobierno reitera su "compromiso inquebrantable" con la preservación de los derechos de los ciudadanos a pesar del revés parlamentario.
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