El Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Félix Bolaños, ha iniciado la tramitación de la primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La solicitud fue presentada por 2 particulares, lo que ha llevado a la cartera de Justicia a solicitar el preceptivo informe al Tribunal Supremo.
García Ortiz fue condenado en noviembre pasado por el Alto Tribunal a 2 años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un delito de revelación de datos reservados.
Pidió la nulidad del fallo
La sentencia consideró probado que el ex fiscal filtró un correo donde el empresario confesaba 2 delitos fiscales.
El jurista presentó el 19 de enero un escrito pidiendo la nulidad del fallo, alegando "múltiples y graves vulneraciones de derechos fundamentales".
García Ortiz sostiene que la sentencia "secuestra" la capacidad de la Fiscalía para emitir desmentidos institucionales ante ataques a su credibilidad. En esta estrategia legal le acompañan la Abogacía del Estado y la propia Fiscalía del Supremo, quienes han presentado incidentes de nulidad como paso previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Manifiesto de apoyo
Este martes, un grupo de más de 150 juristas ha suscrito un manifiesto titulado ‘Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia’.
Entre los firmantes destacan ex magistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés y Joaquín Giménez, además del ex juez Baltasar Garzón.
Los puntos clave del manifiesto son:
- Falta de pruebas directas: Denuncian que la condena se basa en conjeturas e indicios, sin alcanzar el umbral de culpabilidad "más allá de toda duda razonable".
- Testimonios periodísticos: Critican que el Supremo ignorase a los periodistas que negaron categóricamente que García Ortiz fuera su fuente.
- Inversión de la carga de la prueba: Consideran que se ha obligado al acusado a demostrar su inocencia, algo incompatible con la Constitución.
- Interés público: Defienden que la nota de prensa emitida buscaba desmentir un bulo sobre la Fiscalía y que sancionarla penalmente deja a la institución indefensa frente a mentiras.
Esta movilización jurídica coincide con la ofensiva legal de Alberto González Amador, quien este lunes solicitó formalmente la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal.
El empresario busca anular el decreto de reingreso dictado por la actual fiscal general, Teresa Peramato, que permitió a su antecesor incorporarse a la Sección de lo Social del Supremo tras el aval de la Inspección Fiscal.
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