El fiscal investiga a ex agente Marcos Peña

Moix pidió este viernes datos sobre al supuesta trama de espionaje madrileño al consejero de Interior, Francisco Granados. En concreto, según el diario del Grupo Prisa, solicitó datos sobre los seguimientos denunciados por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Aguirre Alfredo Prada, así como la confirmación de que Marcos Peña depende de su departamento e información sobre su contrato, funciones y escala en la jerarquía.

De esta manera, el fiscal habría abierto una primer línea de investigación centrada en una de los tres departamentos relacionados con la seguridad que, según El País, dependen de la Consejería de Interior. El diario sostiene que Peña fue contratado, sin concurso público, en junio de 2008 y puesto al mando de una unidad compuesta por ex agentes, sobre los que Moix también se ha interesado.

El País publicó la pasada semana declaraciones de Peña en las que reconocía hacer informes sobre escándalos en municipios socialistas e, incluso, en el Ayuntamiento de Madrid. Después, el propio ex agente lo negó. Por otra parte, muchos de los dosieres que se están conociendo se realizaron antes de que Peña llegase al equipo del departamento de Granados.

Según apunta El País, la investigación abierta por el fiscal jefe de Madrid podría pasar al Juzgado número 47 de la capital, que investiga los espionajes denunciados por el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González.

Contratos sospechosos
El diario Público desvela este jueves las sospechas que se vertieron en el los dosieres sobre González que, según reconoció Aguirre, llegaron a estar en poder del Partido Popular. En los informes, se recoge que González viajó con el accionista de Segurisa, Enrique Sánchez, y el ex secretario de Estado de Comunicación, Pedro Antonio Martín Marín, y que los billetes de avión fueron pagados por el empresario.

El político madrileño aseguró haber pagado él en efectivo y que nunca había dado una concesión a Sánchez. Por su parte público, desveló que el Canal de Isabel II, empresa pública de la que Ignacio González es presidente, adjudicó un contrato de 33 millones a Segurisa.

En los informes se recogen hasta otros cuatro contratos sospechosos, de los que se hace eco el periódico Público, como la concesión de la gestión del campo de golf de Chamberí, que fue adjudicada a las empresas a la unión de empresas Tecnoconcret, Soto Once e Iridium. Según el dosier, la primera de ellas fue fundada por José Antonio Clemente que era socio de un hermano y un cuñado de González en otra empresa dedicada al mismo sector, pero González no se abstuvo en la votación.