Una polémica con punto y seguido

La “agarrada” parlamentaria de esta mañana entre el ministro del Interior, el Alfredo Pérez Rubalcaba y el diputado popular Arturo García Tizón, en torno a las formas con que se desarrollan las investigaciones en los casos de corrupción cuando estos afectan al PP, y concretamente las efectuadas en Canarias en torno al presidente regional de este partido y vicepresidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma, José Manuel Soria, ha deparado momentos en unos casos interesantes y en otros, divertidos.

El ministro Pérez Rubalcaba, por quien siento viejo aprecio y estima intelectual, es químico y domina muy bien las técnicas de la polémica, pero es inevitable que “patine” en cuestiones jurídicas. Su antagonista en este caso, el diputado García Tizón, es abogado del Estado y le sucede un poco lo contrario, domina las cuestiones jurídicas pero se extravía en la ampulosidad expresiva y no consigue llevar el agua de la polémica a su molino. En todo caso fue una interesante confrontación, con nivel por ambas partes, con la razón probablemente del lado de García Tizón, pero la comunicación –ya lo veremos– seguramente ganada por el taimado Pérez Rubalcaba.

Enzarzarse en cuestiones formales tan poco comunicables a la opinión publica como las diferencias competenciales entre la policía judicial y la brigada de información, o entre el juez predeterminado u otro, que son temas muy de fondo pero inevitablemente especializados, abrió espacio a las hábiles evasivas del ministro y le permitió acudir al recurso, que sabe fuera de lugar pero que resulta seguramente eficaz, de acusar al PP de atacar a todo lo que se mueva: policía, judicatura, medios de comunicación… Evitando así  reconocer lo mas importante y es que, detrás de las tan publicitadas actuaciones ha resultado que no había nada, como lo prueba el sobreseimiento de las mismas.

Se mire por donde se mire resulta que, con por lo menos sospechosa coincidencia de tiempos electorales, el hoy vicepresidente canario José Manuel Soria ha sido sometido a una especie de “causa general” que al final parece que se queda en nada de nada, o muy poquita cosa mas cercana a la estética que a la ética.

Al margen de la polémica, es segura la profesionalidad de las actuaciones policiales, pero es inevitable el poso de cierta sospecha respecto a la mano política que las impulsara. En todo caso, sucederá lo que tenga que suceder y los tribunales –que en nuestro país tienen, por fortuna, acreditada independencia y extraordinaria calidad jurídica– dirán la ultima palabra. Pero si como parece no hubiera nada concreto que implicase al vicepresidente Soria, el curso de los hechos debiera merecer al menos una seria investigación parlamentaria. Seria un caso paradigmático de saber de quien es “la mano que mece la cuna”. Esta polémica, ya lo veremos, tendrá continuación.