Aprueban incentivos económicos a testaferros que colaboren con la justicia

 Por otra parte, un proyecto que se volvió ley esta semana contempla incentivos económicos para quienes entreguen bienes ilegales, sean testaferros o incluso los verdaderos dueños, sin importar si son narcos, miembros de grupos ilegales o funcionarios corruptos.

Las dos iniciativas nacieron con el apoyo del Gobierno y la Fiscalía, que las defienden como una opción pragmática para hacer más eficiente la acción de la justicia en un campo, el económico, que les duele a los criminales pero en el que el Estado avanza lentamente. Sus alcances causarán sin duda polémica porque -como lo reconoció uno de los ponentes- a la larga representan un premio para quienes han delinquido. La norma señala que las medidas se aplicarían incluso a los procesos de extinción de dominio que ya estén en curso.

La segunda ley, que busca agilizar los procesos de extinción de dominio y que también fue aprobada a pupitrazo en su último debate en la Cámara, señala que "quien entregue voluntariamente bienes obtendrá beneficios que le permitan una vivienda para sí o sus familiares".

Si hay acuerdo, que tiene que ser avalado por un juez, incluso se contempla la posibilidad de que la Dirección Nacional de Estupefacientes entregue el "valor equivalente" sobre la propiedad que conservará. Y ese valor podría llegar hasta el 5 por ciento "del total de los bienes efectivamente entregados".

'¿El delito sí paga?'

El objetivo, explicaron Gobierno y Fiscalía en la exposición de motivos del proyecto, es "cautivar a personas relacionadas con actividades y organizaciones criminales cuyos bienes puedan estar incursos en un trámite de extinción de dominio (...) De darse efectivamente esa colaboración mediante beneficios, se logra la meta de una pronta, cumplida y eficaz administración de justicia".

La norma señala que las medidas se aplicarían incluso a los procesos de extinción de dominio que ya están en trámite.

Si incumplen, pierden beneficio

Pero hay voces autorizadas que no están de acuerdo con esas gabelas. El ex fiscal y ex procurador Alfonso Gómez Méndez, que se declara contradictor decidido del principio de oportunidad en general, asegura que las nuevas normas "están sacrificando justicia por eficacia".

"De un tiempo para acá lo que se está haciendo en el país es ensayar más formas de impunidad", dice Gómez Méndez, quien señala que ese boquete se abrió con la misma Ley de Justicia y Paz, que le dio piso jurídico a la negociación con las autodefensas.

Los que apoyaron la iniciativa en el Congreso señalaron que no habría impunidad porque el arreglo en extinción de dominio no afecta los procesos penales y porque si se comprueba la existencia de bienes ocultos se pierden los beneficios, como les pasó recientemente a los herederos de los Rodríguez Orejuela, extraditados capos del cartel de Cali.

"La sentencia que declara la improcedencia de la acción de extinción sobre el bien que se ha reconocido como beneficio no implica la declaratoria de licitud del mismo", dice uno de los artículos de la ley aprobada esta semana.

Actualmente los procesos duran años

Con el nuevo procedimiento, si la persona acepta expresamente "su voluntad libre, espontánea e informada de someterse al trámite abreviado" para entregar los bienes adquiridos ilícitamente, la Nación quedaría con la propiedad legal en poco menos de un mes. De esta manera, el Estado busca evitarse un desgaste judicial que, en promedio, dura entre cuatro y seis años.

Ahora, la Fiscalía y la Policía detectan las propiedades y tienen que aplicar medidas cautelares sobre ellos. Los bienes pasan a la Dirección Nacional de Estupefacientes, que los administra mientras hay una decisión que debe tomar un juez y que puede ser apelada.

En este momento, la DNE sigue en el proceso de desalojar a varios herederos de narcos de los 80 que se niegan a salir de las propiedades, a pesar de que hay sentencias que señalan que fueron adquiridas con plata ilegal.