Desde el jueves y durante 67 días en Quito, Guayaquil y Manta prevalecerá el estado de excepción. El Decreto Ejecutivo 82 del presidente Rafael Correa aclara que es “sin suspensión de derechos”. Motiva al Gobierno para poner en práctica esta medida extrema “la agresión del crimen organizado”. Una medida que se toma en el contexto de las protestas indígenas y de la UNE, lo que no deja de llamar la atención.
Añade el Decreto que podría “extenderse, posteriormente, a otras ciudades del país”. Desde entonces la Policía Nacional cuenta para el desempeño de sus obligaciones con la colaboración y apoyo de las FF.AA. Lo cual tampoco deja de despertar suspicacias, pues el callejón interandino y la Amazonía han sido escenario, junto con Guayaquil, de los enfrentamientos más notorios.
El Ministro de Gobierno, en virtud de este Decreto “será el responsable de la coordinación” de las tareas que se desprenden de esta disposición, como son “los operativos de control antidelictivo, de armas y vehiculares”.
Así, aunque no lo diga a las claras, el Decreto dispone una evidente fiscalización y regulación del movimiento entre estas ciudades y el resto del país.
Hay que confiar en que, a pesar de que tenemos la Policía mejor equipada y pagada de la historia del Ecuador, es necesario que las Fuerzas Armadas le ayuden. Es decir, el Decreto presidencial podría ser sincero en sus motivaciones y objetivos. En esto, como en tantas cosas de este mundo, el nuevo árbol que nos acaba de implantar el régimen correísta se conocerá por sus frutos.
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