Además del consejero, la querella también se dirige contra el secretario general de la Consejería, Alejandro Gallego, un ingeniero agrónomo de ese departamento y un representante legal de la empresa Tragsa, a la que el Ejecutivo encargó las obras del edificio Lagunilla, que iba a acoger la sede de la Dirección General de Desarrollo Rural.
En un auto, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC acuerda admitir a trámite la querella contra el consejero y las otras tres personas denunciadas y da un plazo de quince días al Partido Popular para depositar los 3.000 euros de fianza necesarios para ejercer la acusación.
El auto, del que ha sido ponente el magistrado Santiago Pérez Obregón, señala que no se descarta la posibilidad de que se haya podido cometer un delito de falsedad documental, puesto que, de acuerdo con los hechos descritos, se ha abonado el importe "de hasta cuatro certificaciones de obras" que "ni siquiera se han iniciado".
La querella del PP se basa en unas certificaciones de obra ejecutadas por importe de más de 382.500 euros, para abonar a la empresa Tragsa, adjudicataria de los trabajos, que emitieron y firmaron los cuatro denunciados.
La querella destaca que la autenticidad de estas certificaciones está acreditada porque incorporan un sello oficial de registro de salida, con el número correspondiente.
Agrega que, en virtud de esta conducta del consejero y el resto de querellados, el Gobierno regional libró fondos públicos y los entregó a Tragsa para el pago de unas obras que no habían sido ejecutadas.
Según figura en la querella, en respuesta a unas preguntas del portavoz del PP, Francisco Rodríguez Argüeso, el consejero Oria admitió en el Parlamento que las obras no se había iniciado a la espera de obtener la licencia municipal.
Además, incide en que en expedientes que solicitó el PP con posterioridad se recogían certificaciones en las que constaban fechas de inicio de los trabajos, sin que eso fuera cierto, para "crear la apariencia" de que esas obras se habían comenzado.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJC ha acordado así incoar diligencias previas para esclarecer los hechos denunciados por el PP, que pasarán a ser valorados por el magistrado instructor al que le corresponda este asunto por turno.
El auto indica que la cuantía de la fianza (3.000 euros) que se ha establecido es "proporcional" al principio constitucional de acceso a la Justicia, con el fin de facilitar el ejercicio de la acción popular.
La Sala de lo Civil y Penal es la encargada de estudiar esta querella e instruirá las diligencias porque uno de los denunciados, el consejero de Ganadería, es aforado por ser miembro del Gobierno.
El delito de falsedad documental que se imputa al consejero por estos hechos denunciados están castigados en el Código Penal con penas tres a seis años de cárcel, multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos de dos a seis años.
Por estos hechos, el PP registró varias iniciativas en el Parlamento y pidió la constitución de una comisión de investigación que analizara el expediente de las obras del edificio, una iniciativa que fue rechazada con los votos del PRC y el PSOE.
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