Siempre es triste asistir al proceso de degeneración de algo que se ha apreciado mucho. El presidente
Daniel Ortega, histórico dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), representa hoy la degeneración del movimiento sandinista oficial. Poco queda del espíritu de resistencia armada frente a la dictadura de la familia Somoza, que admirablemente consiguió involucrar en la lucha a amplios sectores populares, unidos por el pensamiento social y nacionalista del general Sandino, hasta llegar a la insurrección que acabó con la tiranía en julio de 1979.
El Frente, que en 1984 había legitimado su posición ganando las elecciones, fue desalojado democráticamente del poder en 1990. No obstante, su gestión política había sido meritoria, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias que tuvo que afrontar el gobierno sandinista en la década de los años ochenta. Un pequeño país que con escasos recursos y con la declarada enemiga de Washington, que financió a las fuerzas contrarrevolucionarias instaladas en sus bases de la vecina Honduras, se levantaba contra el intervencionismo estadounidense y proclamaba su lucha por la justicia social, contaba con la simpatía de la mayoría.
La inesperada pérdida del poder llevó a los sandinistas a las disputas internas, a las expulsiones y a los abandonos de cuadros y, al fin, a la escisión en fracciones. La existencia hoy de otros partidos que se reclaman renovadores y rescatadores del pensamiento sandinista, fundados y animados por históricos comandantes de la revolución, testimonia la profunda división.
La clase dirigente actual –lo que se viene acuñando como “orteguismo”– ha dilapidado el capital político del sandinismo, convirtiendo en una burla sus ideales de moralidad, desinterés, sacrificio, solidaridad y dignidad. Las peores prácticas nepotistas, corruptas y violentas se están hoy realizando en Nicaragua, amparadas por la jefatura de la República. Las últimas noticias, que relatan los ataques de bandas organizadas de jóvenes “sandinistas” contra instalaciones de la Policía Nacional, no pueden ser más expresivas de la crisis institucional en que vive el país, especialmente desde los comicios municipales de noviembre de 2008, en que se sucedieron una serie de manipulaciones fraudulentas en los contendientes y en los resultados electorales.
Entre tanto, la situación en Nicaragua es desesperada. La economía se ha hundido, debido al reducido crecimiento de los dos últimos años y a la congelación de la ayuda internacional, unido al reparto arbitrario de la que proporciona Venezuela. La inflación se ha disparado y la renta no supera los 3000 dólares. El país, con una competitividad mínima, presenta los peores registros de toda Centroamérica. La repercusión social es pavorosa: la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza extrema y la mayoría del resto en pobreza relativa. La inmensa mayoría de la población activa está subempleada.
Para alcanzar y conservar el poder, Daniel Ortega no ha tenido inconveniente alguno en pactar con las fuerzas políticas de la derecha, incluído el grupo del ex presidente Arnoldo Alemán, procesado por corrupción. Los observadores internacionales, a quienes no les fue permitido asistir a los comicios municipales, han denunciado el fraude electoral cometido en las elecciones municipales, que con todo descaro otorgaron una amplísima mayoría a los candidatos oficialistas, incluida la alcaldía de Managua. El presidente, que ya había dado muestras de una conducta privada poco ética, se conduce en los asuntos públicos con la misma soberbia y derroche con que lo hizo el somocismo durante décadas.