El organismo, que agrupa a 1.300 diarios de la región, aseguró que muchas iniciativas legislativas en la región "son intentos evidentes para controlar y limitar el libre flujo de información".
En las conclusiones de su asamblea, la SIP detalló otros abusos contra la prensa como "el acoso judicial y la utilización de la publicidad oficial como herramienta para premiar y castigar a los medios", una práctica que considera común en países tan diversos como Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela.
En el caso de Venezuela la SIP consideró que "el gobierno del presidente Chávez continúa imponiendo leyes, reglamentos, decretos y medidas violatorias a la Constitución venezolana destinadas a dominar la voluntad del Pueblo".
Aseguran que "en ese proceso totalitario el régimen de Chávez desarrolla flagrantes violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de información".
Además, agregan que "en Venezuela se impone censura previa a los medios de comunicación y se persigue política, judicial y policialmente y se ponen presos a periodistas".
Por ello la Asamblea resolvió “denunciar la deslegitimación en su desempeño al gobierno del presidente Chávez, ante sus reiteradas y sostenidas violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al Estado de Derecho, a la libertad de Expresión y al derecho del Pueblo a la información”.
La organización afirmó que en Argentina se ha producido "una campaña oficial contra la prensa que ha incluido insultos e intentos por penalizar a los directores de medios y periodistas, así como el acoso administrativo y judicial contra los medios independientes".
Por ello instó al gobierno argentino a que evite utilizar sus políticas y regulaciones como "herramientas de confrontación y persecución contra determinados medios".
En cuanto a Bolivia señaló que la Ley contra el Racismo y contra Toda Forma de Discriminación aprobada recientemente por el gobierno de Evo Morales, pese a que su intención es impedir el racismo y la discriminación, "limita de hecho la libertad de prensa".
Por ello reclamó al gobierno boliviano "abstenerse de seguir promulgando leyes que coarten la libertad de expresión".
La SIP criticó también la impunidad de los crímenes contra la prensa y aseguró que el hecho más preocupante en los últimos seis meses es el asesinato de 14 periodistas en la región.
Junto a la intolerancia de los gobiernos, el organismo consideró que el enemigo común contra el Estado, la prensa y la sociedad es el crimen organizado.
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