Conforme con la investigación dirigida por los fiscales 57° nacional y auxiliar ambos hombres habrían causado un daño patrimonial al banco estatal, el cual supera los 2 millones 100 mil bolívares.
El Ministerio Público acusó a Figueroa y Mata Quintero por la presunta comisión de los delitos de apropiación de fondos, tráfico de influencias, asociación para delinquir y fraude documental.
En el escrito presentado ante el Tribunal 13° de Control del Área Metropolitana de Caracas se solicitó la admisión de la acusación y que se ordene el enjuiciamiento de estos dos hombres.
Los dos ex funcionarios del banco se encuentran privados de libertad desde el 6 de diciembre en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, Caracas, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por el referido tribunal.
Figueroa y Mata Quintero presuntamente emitieron cheques de gerencia mediante manipulaciones en el sistema y sin estar sustentados en alguna solicitud de crédito. Los recursos provenientes de estas operaciones habrían sido utilizados para adquirir bienes muebles e inmuebles, sobre los cuales el Ministerio Público solicitó las medidas de incautación y aseguramiento, que fueron debidamente ordenadas y ejecutadas.
La investigación por este caso se inició en octubre de 2010, tras una petición realizada por la Presidencia del Banco del Tesoro, instancia que después de solicitar una auditoría se percató de las irregularidades cometidas en el otorgamiento de créditos y la inconsistencia entre la cantidad de préstamos aprobados y otorgados por altísimos montos.
Por esta causa están acusados dos capitanes activos del Ejército, tres funcionarias del Banco del Tesoro y un particular.
La lista está integrada por los capitanes Harol José Peña (gerente de Banca Corporativa del Banco del Tesoro) y Fernando Sojo Hernández (gerente general del Créditos de la institución), por presuntamente incurrir en los delitos de apropiación indebida de créditos, tráfico de influencia y asociación para delinquir.
Asimismo, están acusadas la analista de Crédito Nayancy Castillo y la gerente de línea de Banca Corporativa, María Teresa Laya, por los delitos de aprobación indebida de fondos, en grado de facilitadoras, y asociación para delinquir.
Castillo es cónyuge del capitán Peña, y Laya del capitán Soto Hernández. Ambas poseen medidas de arresto domiciliario.
Igualmente, están acusadas Edith Veliz (coordinadora de Créditos de la entidad bancaria), por corrupción impropia y asociación para delinquir, y su esposo, Ricardo Suárez Hernández, por la presunta comisión del delito de corrupción impropia, en grado de cooperador inmediato, y asociación para delinquir.
Los capitanes Harol Peña y Fernando Sojo están privados de libertad junto con Veliz y Suárez Hernández en la sede del Sebin
En este caso existe una prohibición de gravar y enajenar bienes, la inmovilización de las cuentas bancarias de estas seis personas y la ocupación temporal de sus bienes.
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