El sindicato policial Jupol ha presentado ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional una demanda de Conflicto Colectivo por vulneración de derechos fundamentales.
La acción judicial va dirigida contra el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía y la Audiencia Nacional admitió a trámite la demanda.
Las partes implicadas en el proceso judicial han sido citadas para el inicio de las declaraciones el 12 de noviembre.
Con esta acción, Jupol busca poner fin a lo que considera años de incumplimientos, inactividad y "promesas vacías" por parte de la Administración y otros actores sociales, una situación que, según el sindicato, ha deteriorado las condiciones laborales y salariales de miles de agentes en toda España.
La demanda fue presentada por el abogado Vicente Martín, un reconocido especialista en derecho laboral. Martín ya logró un éxito considerable en un procedimiento similar en el ámbito sanitario, donde defendió a los sindicatos frente a la Comunidad de Madrid en materia de riesgos laborales en la Atención Primaria y consiguió que los tribunales dieran la razón a los profesionales. Ahora, su experiencia se pone al servicio de los policías nacionales en esta histórica reclamación.
Prevención de riesgos laborales
Uno de los puntos clave de la demanda se relaciona con la prevención de riesgos laborales (PRL). La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo establecen un marco normativo básico aplicable a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios de la Administración Pública. Sin embargo, su implementación en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sigue siendo limitada e insuficiente.
El trabajo policial conlleva riesgos específicos, pero, a pesar de ello, el Ministerio del Interior aún no garantiza los mismos niveles de protección que gozan otros colectivos profesionales. Esto ha generado un déficit estructural en prevención y salud laboral que, según el sindicato, contraviene la legislación vigente y las directrices europeas. La demanda hace especial hincapié en la violación del artículo 40 de la Constitución Española, que reconoce la obligación de los poderes públicos de promover condiciones laborales dignas, centradas en 3 ámbitos fundamentales: formación y readaptación profesional, seguridad e higiene en el trabajo, y garantía del descanso.
Jupol exige dignidad laboral
La demanda interpuesta acusa a Interior de haber ignorado compromisos previos y de haber bloqueado de forma sistemática cualquier avance en materia de derechos laborales, salarios y seguridad en el trabajo.
“Los policías nacionales no somos trabajadores de segunda. Somos servidores públicos que arriesgamos nuestra vida a diario y merecemos que se respeten nuestros derechos. Por eso hemos decidido acudir a la Audiencia Nacional: porque ya no basta con las palabras, hace falta justicia”, afirman desde Jupol.
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