La condena por revelación de secretos al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sigue dando mucho qué hablar. Ahora, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha decidido elevar el caso a la ONU.
Han denunciado la condena ante la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite. En el comunicado han considerado que se han producido "irregularidades institucionales" en el proceso judicial.
Primera vez que se hace
Como han detallado desde la UPF, es la primera vez en democracia que se da este paso, pero lo han justificado asegurando que "el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene, han señalado en la nota de prensa.
Insisten en que no se trata de "meros desacuerdos jurídicos" sino que advierten de "anomalías" que, bajo su criterio, afectan y comprometen a la independencia judicial.
Han explicado que su decisión de acudir a la relatora es porque tiene el mandato de "supervisar, prevenir y denunciar situaciones que puedan suponer ataques a la independencia de fiscales y jueces".
Principales críticas al caso
Entre los puntos más polémicos del caso de García Ortiz, han destacado que fue un "círculo reducido de jueces" quienes llevaron a cabo funciones decisivas. Remarcan que los mismos jueces decidieron la admisión de querellas, valoraron indicios, lideraron la instrucción e incluso el enjuiciamiento.
Además, han recordado que se adelantó la condena sin conocer la motivación, algo muy anómalo. "Ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican", han recriminado.
Y más allá del propio juicio, la UPF ha denunciado irregularidades también en la instrucción o medidas "extremadamente invasivas" como el registro del despacho del fiscal general, que recuerdan que "incluyó el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi 8 meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas".
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