El juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
La causa se centra en la trama de presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.
El auto imputa a los acusados de varios delitos: integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad documental y prevaricación.
Medidas cautelares y prisión provisional
El magistrado instructor ha decidido mantener en prisión provisional, comunicada y sin fianza a Ábalos y Koldo García, quienes permanecen en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el 27 de noviembre. La decisión de ingresar en prisión se adoptó en su momento ante el "riesgo extremo" de fuga de ambos, especialmente tras conocerse que la Fiscalía y las acusaciones solicitaban hasta 30 años de cárcel.
Por otro lado, el empresario Víctor de Aldama seguirá en libertad. No obstante, deberá cumplir con las mismas medidas cautelares ya impuestas: comparecencias quincenales ante el juzgado, prohibición de abandonar España y retirada de pasaporte.
Además, el magistrado Puente ha impuesto una fianza de 60.000 euros a los investigados "a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran serles impuestas" en el juicio. Los acusados disponen de un plazo de 5 días para presentar dicha fianza, o sus bienes serán embargados en cantidad suficiente para asegurar la suma.
Pasos finales en el Supremo
La decisión de abrir el juicio oral se produce después de que, precisamente este martes, la Sala de Apelación del Supremo confirmara el procesamiento de Ábalos y Koldo García. Dicha Sala desestimó los recursos que ambos habían presentado contra el auto del 3 de noviembre de Leopoldo Puente, que acordaba el pase a procedimiento abreviado de la causa contra ellos.
El juez declara competente para el enjuiciamiento de esta causa especial a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y otorga 10 días a las partes personadas para que presenten sus escritos. Contra esta resolución judicial, no cabe interponer recurso alguno.
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