El año acaba con el caso contra el ya ex fiscal general, Eduardo García Ortiz, en la palestra informativa. La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la condena a Ortiz al considerar que se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales.
María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, ha presentado ante el Alto Tribunal el incidente de nulidad contra la condena de 2 años de inhabilitación a Ortiz por revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Acusa al tribunal de condenarle con pruebas "inexistentes"
Según ha avanzado la Cadena SER, en el escrito, la Fiscalía ha acusado al Supremo de condenar a Ortiz "por una filtración inexistente" como resultado de "una incomprensible e incompleta selección de los hechos acreditados",
Incluso les han recriminado haber "creado" un nuevo delito penal, algo que, recuerdan, "está vedado y por ello vulnera el principio de legalidad penal".
Han aseverado que el secreto ya estaba divulgado antes de que la Fiscalía publicase una nota de prensa desmintiendo a Miguel Ángel Rodríguez, quien había señalado que la Fiscalía ofreció a Alberto González (novio de Ayuso) un pacto, pero en realidad sucedió al revés.
Insisten en que el mail ya estaba divulgado cuando le llegó al fiscal
También han criticado la sentencia por prescindir sin dar explicaciones sobre el testimonio que dieron varios testigos respaldando a Ortiz y también "omite todas las corroboraciones documentales de las informaciones que se desprendían del testimonio de los periodistas del 'El País' y del extremo de que no hubo en aquella noche ningún contacto telefónico del señor García Ortiz con ningún periodista".
Y es que, según declararon los testigos, ya disponían del correo electrónico investigado antes de que le llegase al entonces fiscal general.
"Cuando el correo llegó al Fiscal General del Estado ya había sido divulgado y ello está acreditado, aunque la sentencia lo omite", ha reprochado la Fiscalía en su escrito.
Ortiz fue condenado a una inhabilitación de 2 años, a una multa de 7.200 euros y a indemnizar a la pareja de Ayuso con 10.000 euros. Aunque González Amador no se ha librado de su juicio por fraude fiscal, pues la Audiencia de Madrid confirmó hace unas semanas su procesamiento y se sentará en el banquillo por presuntos delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. Una cita que será ya en 2026.
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