Más de 2 semanas después, el Tribunal Supremo por fin ha dado a conocer el contenido de la sentencia condenatoria contra Álvaro García Ortiz, ya ex fiscal general del Estado.
El tribunal que le condenó considera probado que García Ortiz sí filtró el correo del abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, sobre un caso de presunto fraude fiscal.
Además, cree que no es un eximiente válido para revelar secretos que la Fiscalía quisiera desmentir un supuesto bulo, cuando se publicó en algunos medios que era la Fiscalía quien ofrecía a González Amador un pacto en lugar de ser al revés.
La nota de prensa, la prueba
El Supremo establece que o el propio García Ortiz "o alguien de su entorno", con su intervenciúon, filtró el caso de la pareja de Ayuso: "El fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito". Es decir, como se sospechaba desde hace casi 3 semanas, la condena es, en sí mismo, por difundir la nota de prensa, y no justifica en ningún caso que fuera para desmentir un bulo. La propia publicación y difusión de la misma ya supuso un delito. La razón es que si la nota de prensa incluía datos privados de un investigado por posible fraude, se revelan secretos y atentan contra el perjudicado.
En particular, el Supremo considera que "sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación" y el propio fiscal reconoció que fue responsable de difundir la nota de prensa.
Votos particulares y discrepancias
Por otra parte, este texto de la sentencia ofrece también el contenido razonado de los 2 votos particulares, que no se adhirieron a la postura general de condenar al fiscal general, al considerar no probado que García Ortiz filtrara datos del implicado en el caso. Las 2 magistradas que votaron en contra fueron Ana María Ferrer y Susana Polo.
Aunque García Ortiz podría recurrir a instancias superiores, como pedir amparo al Tribunal Constitucional o instituciones europeas, la sentencia es firme y la Sala Segunda le condenó a pagar una multa de unos 7.200 euros, además de establecer para él 2 años de inhabilitación. También debe indemnizar a González Amador: "Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales".
La sentencia se votó dentro de un tribunal compuesto por 7 jueces, que eran: Susana Polo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela, Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer.
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